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Incidencia del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, en materia concursal y de sociedades.

Incidencia del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril,

El Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia ha sido publicado el día 29 de abril de 2020 en el Boletín Oficial del Estado y entró en vigor el día 30 de abril, según se establece en su Disposición final séptima.

Además de algunas medidas de carácter procesal que tienen incidencia genérica en todos los órdenes jurisdiccionales (en mayor o menor grado en cada uno de ellos), dentro del ámbito mercantil, el decreto contiene un conjunto de disposiciones para tratar de hacer frente al esperado incremento de procesos concursales en los Juzgados de lo Mercantil (aunque quizá no de la mejor manera). Como se expresa en el Real Decreto-ley, estas medidas tienen una triple finalidad:

  • Mantener la continuidad económica de las empresas y de los profesionales y autónomos que, con anterioridad al estado de alarma, venían cumpliendo sus obligaciones derivadas de un convenio o un acuerdo extrajudicial o de refinanciación.
  • Potenciar e incentivar la financiación de las empresaspara atender sus necesidades transitorias de liquidez.
  • Y, finalmente, “evitar” el colapso de los Juzgados de lo Mercantil debido a la gran afluencia de casos que “se prevé” tras la reanudación de los plazos procesales.

Se trata, en esencia, de las siguientes:

1.- Durante el año siguiente a contar desde la declaración del estado de alarma el concursado podrá presentar una propuesta de modificación del convenio concursal que estuviera en período de cumplimiento. Con esto parece recuperarse la figura del “reconvenio”.

2.- Se aplaza durante un año desde la declaración del estado de alarma el deber de solicitar la liquidación por parte deudor que tuviera un convenio suscrito con los acreedores y que conozca que no pueda cumplirlo, siempre que presente una propuesta de modificación del convenio. Tampoco el juez abrirá la fase de liquidación a petición de un acreedor durante dicho plazo

3.- El deudor que tuviera un acuerdo de refinanciación homologado podrá comunicar (también dentro del año a contar desde la declaración del estado de alarma) al Juez Mercantil que ha iniciado o pretenden iniciar negociaciones con acreedores para modificar el acuerdo que tuviera en vigor o para alcanzar otro nuevo, aunque no hubiera transcurrido un año desde la anterior solicitud de homologación.

4.- Los deudores que se encuentren en estado de insolvencia no tendrán la obligación de solicitar la declaración de concurso hasta el 31 de diciembre de 2020. Hasta esa misma fecha, los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario presentadas desde la declaración del estado de alarma.

5.- Se considerarán créditos ordinarios las financiaciones, préstamos, créditos, etc., que hubieran prestado al deudor las personas especialmente relacionadas con él desde la declaración del estado de alarma (en todos los concursos que se declaren hasta el 14 de marzo de 2022).

6.- En incidentes concursales de impugnación de inventario y lista de acreedores se limitarán los medios de prueba (a documentales y periciales), no habrá de vista (salvo que el juez estime lo contrario) y se considerará como allanamiento la falta de contestación a la demanda incidental. Y ello en todos aquellos concursos en los que la administración concursal no hubiera presentado aún el inventario y la lista provisional de acreedores, y en los que se declaren dentro de los dos años a contar desde la declaración del estado de alarma.

7.- Tramitación preferente de “determinadas” materias durante un año desde la declaración del estado de alarma (incidentes en materia laboral, enajenación de unidades productivas, propuestas de convenio o “reconvenio”, acciones de reintegración, homologación de acuerdos de refinanciación, medidas cautelares y otras que contribuyan a conservación de bienes y derechos del concursado.

8.- La subasta de bienes y derechos de la masa activa será extrajudicial, en todo caso, en los concursos de acreedores que se declaren dentro del año siguiente a la declaración del estado de alarma y en los que se encuentren en tramitación a dicha fecha, incluso aunque el plan de liquidación estableciera otra cosa. Se exceptúa la enajenación de la empresa o de sus unidades productivas.

9.- Aprobación de inmediato del plan de liquidación por el juez del concurso, transcurridos quince días desde que el plan de liquidación hubiera quedado de manifiesto en la oficina del juzgado,

10.- Durante el año siguiente a la declaración del estado de alarma se considerará que el acuerdo extrajudicial de pagos se ha intentado por el deudor sin éxito, si se acreditan dos faltas de aceptación del mediador concursal para ser designado, a los efectos de iniciar concurso consecutivo, comunicándolo al Juzgado.

11.- A los solos efectos de determinar la concurrencia de la causa de disolución prevista en el artículo 363.1 e) de la Ley de Sociedades de Capital de solicitar su concurso voluntario, no se tomarán en consideración las pérdidas del presente ejercicio 2020. De ese modo se suspende la causa de disolución por pérdidas hasta el año 2022 (que atenderá ya al resultado del ejercicio 2021).

No se refiere ni se explica en la norma si el deudor debe gozar de la posibilidad de ampliar plazos aún más, mediante el recurso al artículo 5 bis de la Ley Concursal; lo que, obviamente, podría suponer tanto un abuso de una norma excepcional, como un riesgo de empeoramiento de su situación ¿Es posible que un deudor en estado de insolvencia desde, pongamos, finales de marzo, pueda esperar hasta el 30 de diciembre para, en esa misma fecha, presentar una comunicación del artículo 5 bis de la Ley Concursal, con el ánimo de extender aún más — otros cuatro meses— el plazo que ya le ha sido concedido para negociar con sus acreedores o, por el contrario, no puede quedar amparada en derecho tal estrategia por resultar un claro abuso de derecho?

No valoraremos en este momento la idoneidad ni el acierto (mucho menos la forma) de las antedichas medidas que recoge el decreto expresado, pero a priori no parece que con ellas se vaya a alcanzar, en la práctica, la finalidad que presuntamente se persigue; genera serias dudas que las mismas puedan ser realmente útiles para refinanciar empresas en insolvencia -y con tan limitada actividad-; más bien parecen destinadas a engrosar las deudas con los proveedores y a prolongar la “agonía” de la empresa deudora (que, de agotar los plazos propuestos, llegaría ya muy tarde al concurso) y, por supuesto, minorar aún más las expectativas de cobro de sus acreedores; además del caos procedimental que las medidas procesales propuestas podrían generar.

José F. Alés.
Abogado

coronavirus

Protección de la empresa ante posibles insolvencias

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En estos momentos tan difíciles que vivimos pueden surgir tensiones en la tesorería de las empresas, con el consiguiente posible incumplimiento en el pago de las obligaciones de la misma con Bancos, Proveedores, Hacienda, Seguridad Social, etc.

Para evitar esta situación, estamos realizando un asesoramiento dirigido a la refinanciación del pasivo de las empresas, con el objetivo de preservar de la actividad, evitar el concurso de acreedores y proteger las responsabilidades de los empresarios.

Nuestra labor comienza con un análisis de la empresa: Revisión de la tesorería, de la situación de los pagos corrientes, del cumplimiento de obligaciones contables, libros de actas y registro de socios, contratos con el socio único, y puntos clave de eventual responsabilidad de administradores para su subsanación temprana.

Simultáneamente, junto a un informe económico, elaboraremos un Plan de Viabilidad de la empresa con el que determinaremos cuales son las medidas que pueden enervar la situación de crisis financiera: quitas, realización de activos, carencias, aplazamientos, ampliaciones de capital contra préstamos, eliminación de desequilibrios entre patrimonio y capital…

Con esta estrategia jurídico-económica, conseguimos el mantenimiento de la actividad empresarial, la posibilidad de obtener nuevos recursos financieros, un deterioro mínimo de la imagen de la empresa, una adecuación de la estructura financiera y un periodo corto de tiempo para la solución del problema de falta de tesorería.

Puede solicitar más información de nuestros página de contacto

 

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Guía para solicitar la disponibilidad excepcional de los planes de pensiones por el Covid-19

 

guia solicitud pensiones covid19

Plazo

El plazo para hacer efectivos los derechos consolidados son de 6 MESES desde la declaración del estado de Alarma.

Condición para poder solicitar

a) Trabajador por cuenta ajena (empleado): Encontrarse en situación legal de desempleo como consecuencia de un ERTE derivado de la situación de crisis sanitaria.

b) Empresario. Ser titular de establecimientos que hayan tenido que cerrar obligatoriamente por aplicación del estado de alarma.

c)Trabajador autónomo.   Que previamente estuvieran de alta en el RETA y hayan cesado en su actividad como consecuencia de la situación de crisis sanitaria.

Importe

Hay que advertir que dicho limite lo será por el conjunto de planes y productos de previsión complementaria con derecho a reducción en la base de IRPF (mutualidades, PPA y PPSE))

La norma no establece ni ha tenido en cuenta que se pueda deducir del importe neto de los salarios netos la prestación que el participe vaya a cobrar del Servicio Público de Empleo por lo que, en principio, los partícipes podrían pedir la cantidad resultante sin descontar lo que cobran por desempleo o cese de actividad. Y esto es porque la norma solo menciona la situación de desempleo, pero no dice nada del cobro de esta prestación. Lo cual deberá ser analizado caso por caso.

El límite máximo del importe a percibir que será la menor de las dos siguientes cuantías:

  1. Dependiente de cual sea el supuesto:
    1. Supuesto de ERTE: salarios netos dejados de percibir (justificados con la última nómina) por el tiempo entero del estado de alarma más un mes adicional.
    2. Supuesto de cierre de establecimiento y autónomos con cierre de actividad: ingresos netos estimados que se hayan dejado de percibir por la suspensión por el tiempo entero del estado de alarma más un mes adicional justificados mediante la presentación de la declaración anual de IRPF del ejercicio anterior y en su caso el pago fraccionado de IRPF y autoliquidación de IVA del último trimestre y declaración responsable en la que se cuantifique el importe mensual de reducción de ingresos.
  2. O el resultado de prorratear el IPREM de 12 meses para 2020 (6.454,03 €) multiplicado por tres en la proporción que corresponda al período de duración del ERTE, cierre o cese de actividad, con el límite del tiempo del estado de alarma más un mes.

Documentación.

Y donde hay que tener en cuenta los siguientes principios:

  1. La flexibilización en la acreditación de los importes que se solicitan, puesto que en caso de no ser posible la justificación, basta en principio, una declaración responsable del partícipe.
  2. Que hay un plazo de un mes desde que finalice el estado de alarma para acreditar o completar la solicitud.
  3. Y que toda la responsabilidad corresponde al partícipe, excluyendo por entero la de la gestora en caso de pagos indebidos o superiores a los límites
Trabajadores:
  1. Para caso de ERTE: certificado de la empresa en el que se acredite que el partícipe se ha visto afectado por el ERTE indicando los efectos del mismo en la relación laboral.
    Consideramos que por tanto habría que pedir.
  2.  Certificado emitido por la empresa acreditativo de la situación del ERTE, duración, y las condiciones o términos en que se aplica (suspensión o reducción de jornada).
  3. Justificante de los salarios netos dejados de percibir durante el ERTE con:
    1. Nómina del mes anterior al inicio del ERTE.
    2. Justificante del complemento salarial por la empresa (si procede y no se refleja en el certificado de la empresa).
    3. Declaración responsable de la cantidad que se solicita.
    4. En defecto de los anteriores, declaración responsable que justifica la solicitud y motivos por los que no puede presentarse junto con la misma
    5. Cualquier otra que permita determinar el importe de la prestación solicitada
Empresarios y autónomos:
  1. Para el caso de cierre de establecimiento: declaración bajo su responsabilidad manifestando que el cierre se produce por aplicación del RDL 463/2020 que declaró el estado de alarma.
  2. Para los autónomos que cesan actividad: certificado de la AEAT o consejería competente de la Comunidad Autónoma sobre la base de la declaración de cese de actividad declarado por el interesado.
    1. Certificado expedido por la AEAT u órgano competente de la Comunidad Autónoma sobre la base de la declaración de cese de actividad del interesado. (Autónomos)
    2. Declaración en la que este manifieste, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos del estado de Alarma para poder hacer efectivos sus derechos económicos. (Empresarios afectados por cierre)
    3. Declaración responsable en la que cuantifique el importe mensual de reducción de ingresos
    4. Última declaración fiscal disponible: (p. ejemplo Declaración anual de IRPF último ejercicio, Pagos fraccionados último trimestre de IRPF. Autoliquidaciones de IVA del último trimestre.

Formas de cobro

La norma no establece ni se limita la forma de cobro, por lo que hay que queda a lo que al efecto establezca las condiciones del Plan o el Reglamento de prestaciones que pueda ser en forma de una renta o de capital, y plantearse incluso el pago en meses sucesivos.

En lo que se refiere la fiscalidad, será la que corresponda de la prestación. Pero se advierte que INVERCO ha realizado una consulta a la AEAT para que aclare la aplicación del 40% como si de un anticipo se tratara, o con el tratamiento de una nueva contingencia independiente de cualquier otra posterior.

Conclusiones y otros aspectos a tener en cuenta.

  1. El RDL 15/2020 de 21 de abril determina que esta disposición excepcional solo aplicara a los planes de empleo de prestación definida y mixtos si lo permite el compromiso por pensiones y lo recogen las especificaciones del plan, tampoco aplica a las mutualidades alternativas. Para el resto de planes, seguros y mutualidades es de aplicación obligatoria y sin ninguna especialidad.
  2. Toda la responsabilidad acerca de las cantidades que se solicitan y que se paguen en virtud de las declaraciones del interesado, recaerán en él y no en la Mutualidad.
  3.  La justificación de las cantidades solicitadas es secundaria desde el momento en que se permite que se hagan a posteriori. No hay ninguna consecuencia en caso de falta de acreditación posterior.
  4. La norma no plantea el descuento de lo percibido por desempleo o cese de actividad.
  5. Hay que tener en cuenta si el mutualista ha cobrado en otros instrumentos (planes de pensiones/mutualidades) la manera de hacerlo es con la declaración responsable del interesado.
  6. En caso de duda, sobre aplicación de la reducción del 40%, es recomendable no tomarlo en consideración y que sea el interesado el que lo aplique si lo desea, en su declaración de la renta del ejercicio.
  7. Y por último es posible que se dicte una nueva modificación de la regulación actual
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Erte por causas productivas posterior al de fuerza mayor

ERTE COVID19

La declaración del Estado de Alarma motivada por el COVID-19 ha supuesto la paralización de la actividad para muchas empresas. Desgraciadamente muchas de ellas se han visto obligadas a suspender la apertura al público desde el RD 463/2020, mientras otras paralizaban su actividad por la falta de suministros, el contagio de la plantilla, entre otros motivos. Dicha circunstancia les ha obligado a tramitar Expedientes de Regulación Temporal de Empleo por fuerza mayor o por causas, principalmente, productivas, bien para la suspensión de contratos de trabajo, bien para la reducción de jornada de los trabajadores de la plantilla.

Según el plan de desescalada, el Estado de Alarma está previsto, mínimo, hasta el próximo día 8 junio de 2020. En este marco actual resulta importante valorar cómo afectará a las empresas el cese del Estado de Alarma. Muchas podrán reanudar en mayor o menor medida su actividad. pero otras se encontrarán ante la imposibilidad material de retomar su actividad cotidiana durante el ejercicio 2020.

Ello determina que muchas empresas que obtuvieron una favorable acogida de la Administración, bien de manera expresa, mediante una resolución que constató la fuerza mayor, bien tácitamente, mediante silencio positivo, se vean obligadas a iniciar, antes de la finalización del Estado de Alarma, la tramitación de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo por la concurrencia de causas, principalmente, productivas.

El motivo es única y exclusivamente la imposibilidad de retomar la actividad que venía siendo habitual de manera inmediata. Si a ello le unimos los costes laborales de una plantilla que debe ser reincorporada por el compromiso existente de mantener el empleo durante los seis meses posteriores a la fecha de reanudación de la actividad la consecuencia, es la inevitable tramitación urgente de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo por causas productivas, u otras que concurran en su caso, ANTES QUE FINALIZE EL ESTADO DE ALARMA, que permita a las empresas no tener que reincorporar a los trabajadores en el supuesto de que la medida adoptada haya consistido en la suspensión de los contratos o que permita que éstos continúen con la reducción de jornada adoptada.

La tramitación de estos Expedientes de Regulación Temporal de Empleo por causas productivas requiere mayores formalidades y trámites que los derivados de la fuerza mayor, lo que implica para la empresa la necesidad de un asesoramiento especializado que permita en un futuro, evitar posibles impugnaciones en la vía judicial de los expedientes tramitados por la concurrencia de estas causas, minimizando los perjuicios que, en el caso de dicha impugnación, producirían a la empresa.

La falta de puesta en marcha de estos Expedientes, implicará que muchas empresas no podrán afrontar la reanudación de su actividad con unas mínimas garantías de viabilidad por el nivel de endeudamiento que alcanzarán, lo que, podría llevar a medio plazo a un concurso de acreedores en el que la intervención de un tercero (Administrador concursal) impedirá a la empresa la adopción de medidas que no cuenten con su refrendo.

Desde nuestro Despacho ofrecemos la posibilidad de asesorar y/o tramitar sin ningún compromiso estos Expedientes de Regulación Temporal de Empleo por causas productivas, más necesarios que nunca, en esta situación actual.

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