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Propuesta de la Comisión Europea para la creación de un nuevo marco normativo para Internet

Si bien se trata del primer paso dentro del proceso legislativo europeo de la nueva norma, la propuesta elaborada por la Comisión Europea y remitida al Parlamento Europeo y a los Estados miembros, para su debate y aprobación, establece las bases para las obligaciones que serán impuestas en el próximo Reglamento Europeo a los principales agentes del ecosistema digital o prestadores de servicios digitales. Por lo que, las obligaciones establecidas serán directamente aplicables en todo el territorio europeo.

¿Qué agentes digitales o prestadores de servicios digitales se verán afectados por esta normativa?

  • Prestadores de servicios de intermediación, que ofrecen infraestructuras de red (Movistar, Vodafone, etc.); proveedores de acceso a internet (Jazztel, ONO, Euskaltel, etc.), registradores de nombres de dominio (Nominalia Internet, Entorno Digital, Interdominios, etc.), que a su vez incluyen:
    • Servicios de alojamiento de datos, tales como servicios en nube (OneDirve, Dropbox, GoogleDrive, etc.) y de alojamiento web (Arsys, Ionos, Hostalia, etc.), que a su vez incluyen:
      • Plataformas online que reúnen a vendedores y consumidores, tales como mercados online (ladespensa, Comprar al Productor, Privalia, Mascoteros, etc.), tiendas de aplicaciones (AppStore, Google Play…), plataformas de economía colaborativa (BlaBlaCar, Rentalia, Amovens, delsuper, Etc…) y plataformas de redes sociales (Instagram, Facebook, Pinterest, etc.).
      • Las plataformas online muy grandes plantean especiales riesgos en cuanto a difusión de contenidos ilícitos y nocivos para la sociedad. Se contemplan normas específicas para las plataformas que llegan al 10% de los 450 millones de usuarios europeos.

El texto publicado por la Comisión pretende actualizar las normas que hasta hoy definen las obligaciones y responsabilidades de los prestadores de servicios digitales. El objetivo de esta actualización no es otro que, reforzar la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos y favorecer la creación de un mercado digital con unas condiciones de competencia equitativas para fomentar la innovación, el crecimiento y la competitividad, aumentando la transparencia de las plataformas online frente a los usuarios, pero sin limitar la libertad de dichas plataformas.

¿Qué responsabilidades y obligaciones se pretenden establecer a través del próximo Reglamento Europeo y a qué agentes digitales?

Los prestadores de servicios digitales siguen contando con la ausencia de responsabilidad por los contenidos ilícitos que alojan o transmiten siempre que no tengan conocimiento efectivo de los mismos. Asimismo, no tienen una obligación general de monitorización para impedir la publicación o transmisión de estos contenidos.

No obstante, en este sentido, a través de la nueva regulación se pretende introducir nuevas obligaciones para los prestadores de servicios de alojamiento y plataformas online, entre las que destacan las siguientes:

  • Implementación de procesos específicos para solicitar la retirada de contenidos ilícitos, incluyendo la necesidad de justificar la retirada;
  • habilitación de mecanismos para facilitar la defensa de los usuarios en caso de que entiendan que sus contenidos han sido retirados sin justificación, infringiendo, por ejemplo, sus libertades de expresión e información;
  • obligación de cooperar con las autoridades de los Estados Miembros en la retirada de contenidos ilícitos y en la identificación de determinados usuarios.

Por otro lado, se aspira a incorporar obligaciones de diligencia debida con el objetivo de aumentar la transparencia respecto de los mecanismos de actuación de los prestadores de servicios digitales. Sin interferir en la libertad de organización de estas empresas, pero tratando de aumentar su transparencia frente a los usuarios, tanto consumidores como usuarios profesionales.

Por ello, se pretende introducir las siguientes medidas en relación con las pretensiones indicadas anteriormente:

  • establecer un punto de contacto único;
  • designar un representante legal cuando se encuentren establecidos fuera del territorio de la UE, pero presten servicios a sus ciudadanos;
  • describir las políticas, procedimientos y medidas que definan la moderación de los contenidos, incluyendo el uso de sistemas algorítmicos para la toma de decisiones; y
  • publicar información relativa a las solicitudes de retirada de contenidos ilícitos recibidas de terceros o fruto de su propia actividad de monitorización voluntaria.

Asimismo, se contempla incorporar obligaciones adicionales para plataformas online como “prestadores de servicios de alojamiento que, a petición del receptor del servicio, almacena y difunde información al público, a menos que esta actividad sea una característica menor y puramente auxiliar de otro servicio y, por motivos técnicos y objetivos no pueda usarse sin ese otro servicio, y la integración de esa característica en el otro servicio no sea un medio para evitar la aplicación de este Reglamento”.

Entre las obligaciones específicas, aplicables exclusivamente a las plataformas online destacamos:

  • creación de sistemas internos de reclamación para la gestión de retirada de contenidos ilícitos, la suspensión o terminación de los servicios o de cuentas de usuarios;
  • cooperación con servicios alternativos para la resolución de disputas (ej. mecanismos de mediación);
  • gestión preferente de notificaciones de retirada de contenidos ilícitos realizadas por informadores de confianza;
  • obligación de suspensión temporal de cuentas de usuarios con un historial notable de infracciones;
  • obtención de información para posibilitar la trazabilidad de los terceros que ofrezcan la venta a distancia de productos o servicios en la plataforma; e
  • identificación de la publicidad que se muestran en las plataformas, incluyendo información relativa a los criterios empleados para su selección a los receptores de dicha publicidad.

Quedan excluidas de este conjunto de obligaciones las pequeñas y medianas empresas, como consecuencia de considerarse una carga excesiva que puede resultar en un impedimento para nuevos competidores, así como desincentivas la creación de empresas digitales en territorio comunitario.

Igualmente, se han propuesto otra serie de obligaciones adicionales para las grandes plataformas, definidas como las que cuentan con al menos 45 millones de usuarios mensuales activos en la UE (10% de los 450 millones de usuarios europeos), con el fin de identificar posibles riesgos y tratar de mitigarlos. Entre las obligaciones que la Comisión pretende exigir se encuentran los siguientes:

  • la ejecución de un análisis de riesgo para determinar los riesgos relativos a la distribución de contenidos ilegales, el impacto de su actividad sobre los derechos fundamentales de sus usuarios y los posibles usos que sus servicios puedan resultar de forma negativa a la protección de la salud pública, a los menores, a los discursos cívicos, a los procesos electorales o la seguridad pública;
  • la aplicación de medidas mitigadoras de los riegos identificados;
  • la realización de auditorías independientes para determinar el grado de cumplimiento al menos anualmente;
  • la descripción de los parámetros utilizados en sus sistemas de recomendación;
  • la creación y actualización de un repositorio de la publicidad mostrada en la plataforma; o
  • la obligación de designar un responsable de cumplimiento encargado de la monitorización del grado de cumplimiento, mejora, etc…

Por último, la Comisión propone la creación de un Coordinador de Servicios Digitales en cada Estado miembro, dicho Coordinador será la autoridad de control competente para comprobar el grado de cumplimiento de la normativa propuesta, realizar inspecciones sobre la actividad de los agentes digitales y prestadores de servicios digitales, así como, en su caso, imponer sanciones.

Sanciones, que, siguiendo la línea del Reglamento General de Protección de Datos, podrían alcanzar cantidades muy elevadas, llegando hasta el 6% de los ingresos anuales del prestador de servicios.

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Publicidad: los nuevos códigos de conducta de autocontrol regularan los datos personales y a l@s influencers

El equipo de Digital Law. IP. IT. Privacy de ME&R, analiza los dos nuevos Códigos de Conducta en materia publicitaria que han entrado en vigor el pasado 1 de enero de 2021 y que tienen como promotor a la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial, conocida como AUTOCONTROL.

Por un lado, en la presente alerta, se analizará el Código de Conducta sobre el Tratamiento de Datos Personales en la Actividad Publicitaria (en adelante, el “Código de Datos”) y, por otro, el Código de Conducta sobre el Uso de Influencers en la Publicidad (en adelante, el “Código de Influencers)”.

Código de Datos

Se trata de un Código aprobado por parte de la Agencia Española de Protección de Datos el 20 de noviembre de 2020. Dicho Código se ha aprobado y publicado en base a lo establecido en el artículo 40.2 del Reglamento General de Protección de Datos (“RGPD”), según el cual, las asociaciones y otros organismos representativos de categorías de responsables o encargados del tratamiento podrán elaborar códigos de conducta para especificar la aplicación del RGPD, en lo que respecta a diversas materias, previéndose expresamente la posibilidad de articular procedimientos extrajudiciales y otros procesos de resolución de controversias que permitan resolver las reclamaciones que plantean los ciudadanos ante aquellas entidades que tratan sus datos.

En este sentido, el Código de Datos ha sido elaborado teniendo en cuenta la transformación que ha sufrido la publicidad con el uso de las nuevas tecnologías para fines publicitarios y el auge de la publicidad digital. Y es que productos tan novedosos como el big data, el IoT, o el cloud computing forman parte del día a día en los servicios publicitarios y su uso conlleva una serie de riesgos y responsabilidades que requieren la atención de las empresas del sector publicitario.

El Código de Datos se presenta como una herramienta de cumplimiento que resulta de gran utilidad a las empresas del sector de la publicidad que se adhieran, ante una legislación que ha supuesto un gran cambio en el enfoque del desarrollo de procesos y productos que tratan una gran cantidad datos personales a través de las nuevas tecnologías. En este sentido, se encuentran entre los principios del Código de Datos la protección de datos desde el diseño y por defecto.

Es por ello que, de acuerdo con su ámbito objetivo, este Código de Datos es de aplicación a los tratamientos que se realizan en torno al envío de comunicaciones comerciales, el uso de las cookies o la elaboración de perfiles con fines publicitarios, entre otros.

Asimismo, el Código de Datos establece un procedimiento extrajudicial de resolución de controversias y conflictos entre las entidades adheridas y los interesados cuyos datos son tratados por éstas. Para ello, AUTOCONTROL ha establecido un procedimiento confidencial a través del cual podrá recibir las reclamaciones de los interesados cuyos datos son tratados por las entidades adheridas para mediar entre las partes ante las controversias planteadas.

Las entidades adheridas al Código de Datos, anunciantes, agencias y medios asociados de AUTOCONTROL, así como aquellas asociaciones o entidades representativas de un sector asociadas a AUTOCONTROL, se comprometen a cumplir con la normativa aplicable en materia de datos personales y, en particular a las obligaciones detalladas en dicho Código de Datos. En resumen, las entidades adheridas deberán configurar sus planes de cumplimiento de acuerdo con los principios establecidos en la normativa, es decir:

  • tratar los datos personales de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado;
  • obtener los datos para finalidades determinadas, explícitas y de acuerdo a las bases de licitud establecidas en el RGPD (prestando especial atención al consentimiento y al interés legítimo como base del tratamiento), y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichas finalidades;
  • tratar los datos adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con las finalidades para los que son tratados;
  • implementar medidas que permitan la actualización, rectificación y supresión de los datos;
  • mantener de forma que se permita la identificación de los interesados durante el tiempo necesario para la consecución de las finalidades del tratamiento y protegidos con las medidas de seguridad necesarias para su protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental.

El Código de Datos presta especial atención a las actividades de mercadotecnia. A este respecto, las entidades adheridas deberán informar debidamente a los interesados en relación con el derecho de oposición al tratamiento de sus datos con fines de mercadotecnia, así como consultar previamente los sistemas de exclusión publicitaria, tales como la Lista Robinson.

Código de Influencers

El Código de Influencers nace de la necesidad de regular una nueva forma de hacer publicidad en redes sociales, a través de personajes denominados Influencers, YouTubers, Instagrammers, Bloggers o Facebookers que colaboran muy estrechamente con las marcas para hacer contenidos publicitarios sobre productos y/o servicios.

En este sentido, es importante poner énfasis en que el Código de Influencers no se trata una norma como tal; sino que es un conjunto de reglas que vincularán a los anunciantes adheridos a AUTOCONTROL y a la Asociación Española de Anunciantes (en adelante, “AEA”), a anunciantes que quieran seguir el código y, sobre todo, a los Influencers, ya que nuestro legislador aún no ha regulado esta nueva forma de hacer publicidad.

El objetivo principal del Código es que todo contenido digital (comunicaciones, publicaciones, post, etc.) o menciones que tengan naturaleza publicitaria y sea generado por los Influencers, esté debidamente identificado como publicidad, para que los seguidores o followers puedan identificarlo como tal. En este sentido, ha de señalarse que el Código define al consumidor medio habituado a seguir a un Influencer como aquel consumidor activo y conocedor de las nuevas tecnologías de la información, normalmente atento e informado, con capacidad suficiente para el acceso y comprensión de los medios digitales y la autonomía de buscar, discriminar y adaptar los contenidos en función de sus gustos o intereses.

Se señala en el Código de Influencers lo que se considera como mención o contenido publicitario, que será todo aquel contenido que:

  • Esté dirigido a la promoción de productos o servicios;
  • Sea divulgado en el marco de colaboraciones o compromisos recíprocos, siendo la divulgación del citado contenido objeto de un pago u otra contraprestación por parte del anunciante o sus representantes;
  • El anunciante o sus agentes ejerzan un control editorial sobre el contenido divulgado (estableciendo previamente todo o parte del mismo y/o validándolo).

Asimismo, también se establecen las exclusiones de lo que no es publicidad, en concreto, no tendrán tal consideración los contenidos editoriales, ni aquellos contenidos divulgados por influencers que sean por iniciativa propia, es decir, que no haya una relación con la marca a la que se refieren.

El propio Código pone énfasis en lo que se considera contraprestación, poniendo una serie de ejemplos como son el pago directo, entrega gratuita de productos para que se haga una publicación, un viaje, un cheque regalo, un servicio gratis, entre otros.

¿Cómo se puede identificar la publicidad en este tipo de contenidos? El Código lo advierte muy claramente, hay que incluir una indicación explícita, inmediata y adecuada al medio donde se haga la mención de que se trata de publicidad con fórmulas tales como “publicidad”, “publi”, “embajador de [marca]”, “Anuncio patrocinado por”. Además, se acompaña en el Anexo del Código de Influencers recomendaciones sobre como identificar la publicidad en las distintas redes sociales.

Las empresas adheridas y los Influencers establecerán medidas para asegurar el cumplimiento del Código, pero, en cualquier caso, siempre y cuando tengan dudas sobre si una mención o contenido es publicidad o no, podrán someterlo -previo a su publicación- a examen por parte de AUTOCONTROL. Asimismo, el contenido publicitario generado podrá someterse a un control a posteriori por parte del Jurado de la Publicidad, en este caso habrá de mediar una reclamación de un tercero, y de un control aleatorio de dicho contenido publicitario por parte de la AEA y AUTOCONTROL, con la finalidad de valorar si el Código se está cumpliendo.

En líneas generales, el Código sienta las bases para que el legislador, en algún momento, regule normativamente el contenido publicitario generado por estos nuevos “anunciantes” y que no se les pueda reprochar que la publicidad que realizan es encubierta o al margen de lo decoroso.

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NOVEDADES TRIBUTARIAS EN EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS.

  1. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

Se introducen las siguientes medidas con efectos desde el 1 de enero de 2021 y, por tanto, con impacto en la declaración del IRPF que se presentará en junio de 2022:

  • Subida de los tipos de gravamen aplicables a las rentas más altas:
    • Incremento en 2 puntos de la escala estatal aplicable a la base imponible general (de 22,5% a 24,5%) para rentas que excedan los 300.000€, lo que agregando la tarifa autonómica se traduciría en un tipo marginal máximo del 45,5% en Madrid y del 47,9% en Andalucía).

En línea con esta modificación se incrementa la escala aplicable a los trabajadores desplazados a territorio español en aquellos casos de rentas superiores a 600.000 euros en 2 puntos, de 45% a 47%.

  • Incremento en 3 puntos (del 23% al 26%) del tipo de gravamen aplicable a la base del ahorro para rentas que excedan los 200.000€. En este punto, es recomendable analizar la conveniencia, o no, de anticipar al año 2020 ciertas decisiones de desinversión / venta.

Esta misma modificación afecta también a dividendos, intereses y ganancias en el régimen de trabajadores desplazados.

  • Modificaciones en aportaciones a planes de pensiones y contribuciones a sistemas de previsión social:
    • Se reduce el importe de las reducciones procedentes por aportaciones del propio partícipe de 8.000 a 2.000 euros anuales, y las aportaciones del cónyuge no activo de 2.500 a 1.000 euros anuales.
    • No obstante, el límite conjunto de reducción (aportaciones-partícipe y de la empresa) se amplía en 8.000 euros (siendo, por tanto, el nuevo máximo 10.000 euros), siempre que el exceso de las aportaciones sobre los 2.000 euros previstos para las aportaciones individuales se corresponda con contribuciones empresariales.
  • Módulos: Se prorrogan, para 2021, los límites vigentes en estimación objetiva del IRPF e IVA.
  • IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

Con efectos desde la entrada en vigor de esta norma:

  • Se contempla que el Impuesto sobre el Patrimonio tenga un carácter indefinido, de modo que no sean necesarias las prórrogas anuales. Cobra, pues, mayor fuerza la recomendación de revisión de los requisitos para acceder a las exenciones en el Impuesto sobre el Patrimonio.
  • Se incrementa un punto el gravamen del último tramo (base liquidable superior a 10.695.996,06 euros), que pasa del 2,5% al 3,5%. Esta modificación sólo aplica a aquellas Comunidades Autónomas que no hayan aprobado una escala propia, así como a los sujetos pasivos por obligación real (salvo que opten por aplicar la escala autonómica).
  • IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

Con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2021 que no hayan concluido a la fecha de entrada en vigor de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, se proponen una serie de medidas muy relevantes que afectan a la corrección de la doble imposición y que pivotan sobre dos modificaciones:

  • Requisito de participación de la exención del artículo 21 LIS[1]: Se elimina la posibilidad de cualificar para la aplicación de la exención aquellas participaciones cuyo valor de adquisición fiscal supere los 20 millones de euros, resultando aplicable únicamente la exención en aquellos supuestos en los que la participación sea de, al menos, un 5% en los fondos propios de la entidad. Esta modificación también se introduce en el artículo 32 LIS que regula la deducción para evitar la doble imposición económica internacional sobre dividendos y participaciones en beneficios. No obstante, se regula un régimen transitorio de 5 años en el caso de participaciones adquiridas con anterioridad al 1 de enero de 2021.

En línea con esta modificación, en el artículo 16.1 LIS que regula la limitación en la deducibilidad de los gastos financieros, se suprime la adición al beneficio operativo de los ingresos financieros de participaciones en instrumentos de patrimonio que se correspondan con dividendos cuando el valor de adquisición de dichas participaciones sea superior a 20 millones de euros.

  • Importe de la exención: Se reduce la exención en un 5% (pasando del 100% al 95%) en concepto de los gastos de gestión de la participación. Dicha reducción se aplica tanto a filiales españolas como extranjeras. La norma no prevé ningún mecanismo que mitigue esta reducción de la exención en caso de cadenas societarias, por lo que podría ser recomendable revisar este tipo de estructuras con el objetivo de simplificarlas y evitar varios niveles de imposición.

La misma medida se prevé en el artículo 32 LIS y también se traslada al régimen de consolidación fiscal de forma que no se eliminarán fiscalmente las rentas que deban integrarse en la base imponible consolidada debido a esta limitación del 95%.

Esta reducción también impacta en el régimen de transparencia fiscal internacional donde también se someterá a tributación el 5% de los dividendos que no deben integrarse en la base imponible porque corresponden a rentas que ya han sido imputadas. En nuestra opinión esto causa una doble imposición. 

Por el contrario, esta reducción del 95% no se ha reflejado en la exención de rentas obtenidas por establecimientos permanentes en el extranjero regulada en el artículo 22 LIS.

  • La exención seguirá siendo del 100% durante los próximos 3 años para sociedades que cumplan determinados requisitos:
  • La entidad que reciba el dividendo (i) no puede tener un importe neto de la cifra de negocios en el periodo anterior que supere los 40 millones de euros, (ii) no debe tener la consideración de entidad patrimonial, (iii) no puede formar parte, con carácter previo a la constitución de la entidad que distribuye el dividendo, de un grupo de sociedades de acuerdo con el artículo 42 del Código de Comercio, y (iv) no puede tener, con carácter previo a la constitución de la entidad que distribuye el dividendo, una participación de, al menos el 5% en otra sociedad.
  • La sociedad que reparta el dividendo debe haberse constituido a partir del 1 de enero de 2021. 
  • IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES

Con efectos desde la entrada en vigor de esta norma:

  • Se incluyen los países del Espacio Económico Europeo en la exención por intereses y demás rendimientos obtenidos por la cesión a terceros de capitales propios, así como las ganancias patrimoniales derivadas de bienes muebles obtenidos sin mediación de establecimiento permanente.
  • Se modifica la exención relativa a los beneficios distribuidos por las sociedades filiales residentes en territorio español a sus matrices comunitarias, suprimiéndose la posibilidad de que se acceda a la exención cuando el valor de adquisición de la participación sea superior a 20 millones de euros, quedando como requisito la exigencia de una participación directa e indirecta, de al menos el 5%. Al igual que en IS se prevé un periodo transitorio de 5 años.
  • IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

Con efectos desde la entrada en vigor de esta norma:

  • Se incrementa del 10% al 21% (de reducido a normal) el tipo de gravamen aplicable a las bebidas que contengan edulcorantes añadidos, naturales y derivados, y/o aditivos edulcorantes, excepto las leches infantiles y las bebidas consideradas como complementos alimenticios para necesidades dietéticas especiales. El incremento del gravamen solo afecta a la venta de estos productos en supermercados, pero la consumición en bares y restaurantes seguirá tributando al 10% para no perjudicar a la restauración en un momento tan delicado como el actual.
  • Se propone la modificación de la redacción del artículo 70.Dos de la Ley del IVA con el fin de que la regla de uso efectivo deje de resultar de aplicación respecto de las Islas Canarias, Ceuta y Melilla.
  • Se prorrogan para el período impositivo 2021 los límites para la aplicación del régimen simplificado y el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, en el Impuesto sobre el Valor Añadido.
  • IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS

Se actualiza en un 2% la escala de gravamen de los títulos y grandezas nobiliarios.

  • IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS

Se revisa el Impuesto sobre Primas de Seguros, incrementándose el tipo de gravamen del 6% al 8%. 

  • IMPUESTOS ESPECIALES. REDUCCIÓN DE LA BONIFICACIÓN FISCAL DEL DIÉSEL.
  • El tipo estatal general del gasóleo pasará a ser de 34,5 céntimos por litro, frente a los 30,7 actuales, aunque sigue siendo inferior a los 40,07 céntimos por litro de la gasolina. De tal forma, se reduce la bonificación hasta 38 euros por cada mil litros.
  • Se mantiene sin cambios la tributación sobre el gasóleo de uso profesional y el gasóleo bonificado.
  • IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
  • Se crean nuevos epígrafes o grupos en las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, con el fin de clasificar de forma específica las actividades de comercialización de los suministros de carácter general (electricidad y gas).
  • Se crea un epígrafe para las grandes superficies comerciales que no se dedican principalmente a la ropa o a la alimentación dentro del Grupo 661, “Comercio mixto integrado en grandes superficies”.
  • Se crea un epígrafe para la nueva actividad de suministro de energía a vehículos eléctricos a través de puntos de recarga instalados en cualquier lugar, ya sea en la vía pública, gasolineras, garajes públicos y privados o en cualquier otro emplazamiento.
  1. OTRAS MEDIDAS
  • El interés legal del dinero se fija en el 3,00% hasta el 31 de diciembre del año 2021.
  • El interés de demora tributario se mantiene al 3,75% hasta el 31 de diciembre de 2021.
  • Tasas: El Proyecto de Ley también tiene impacto sobre varias tasas y cánones entre las que destacan las tasas sobre el juego, la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico y las tasas por licencia de empresa ferroviaria.

[1] Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (“LIS”).

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La letra pequeña del Proyecto de Ley de Prevención del Fraude Fiscal: Posible subida de impuestos relacionados con inmuebles

El pasado martes, y 13, el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, que se embarcará (buen día para hacerlo…) en el preceptivo trámite parlamentario.

En distintos medios de comunicación, y en la propia Nota de Prensa del Ministerio de Hacienda, se destaca que la futura norma pretende prohibir los “softwares” de doble uso que las empresas utilizan para hacer una doble contabilidad, un mayor control sobre las criptomonedas, actualizar la lista de paraísos fiscales y sus criterios, prohibir las amnistías fiscales y ampliar la lista de deudores con la Agencia Tributaria, rebajando el umbral para ser incluido en ella, del millón de euros de deuda a los 600.000 euros, e incluyendo también a los responsables solidarios.

Sin embargo, se ha obviado una de las medidas que se incluyen en dicho Proyecto de Ley, y que puede tener un mayor impacto fiscal: el cambio de las reglas del juego en la valoración de los inmuebles, en sede del ITP-AJD, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, y el Impuesto sobre el Patrimonio.

En concreto, el Proyecto de Ley recoge que «el valor de referencia que establece el Catastro se convierte en la base imponible de los tributos patrimoniales, de forma objetiva«.

Así pues, para valorar los inmuebles en el ITP-AJD, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, y en el Impuesto sobre el Patrimonio, el Catastro fijará un valor de referencia (distinto del valor catastral), obtenido a partir de los precios de las transacciones inmobiliarias.

De esta forma, por ejemplo, en una compraventa inmobiliaria, el precio libremente pactado entre las partes, y fijado en la escritura, no tendrá ninguna trascendencia fiscal, y tampoco será necesario que la Administración tributaria individualice -mediante la visita de su perito – el valor del inmueble que se transmite. Y ello, según el Proyecto de Ley, «en aras de la seguridad jurídica«… si bien parece que con esta medida lo que puede producirse es una subida de impuestos para quien adquiera un inmueble -ya sea rico, de clase media, …-, lo cual dista de las palabras de la Ministra de Hacienda, quien, en una reciente sesión de control parlamentario, afirmó que el Gobierno no subiría impuestos a la clase media.

En el Impuesto sobre el Patrimonio, esta nueva forma de valorar los inmuebles puede suponer que ciertos titulares de inmuebles superen el umbral de tributación (mínimo exento), para pasar así a convertirse en contribuyentes del Impuesto sobre el Patrimonio, ya que, de acuerdo con la norma fiscal vigente, están valorando sus inmuebles con valores de adquisición bajos, o con valores catastrales no muy elevados. Sin embargo, una vez que la reforma prevista vea la luz, tendrán que computar sus inmuebles por el valor de referencia del Catastro, antes aludido.

Frente a este panorama, cobra mayor importancia, si cabe, una adecuada planificación tributaria, con el objetivo de acceder a exenciones fiscales, tratando, así, de aliviar la carga impositiva.

Joaquín López Avellaneda                                             

Socio del Departamento Tributario de Martínez-Echevarría, Abogados

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