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La letra pequeña del Proyecto de Ley de Prevención del Fraude Fiscal: Posible subida de impuestos relacionados con inmuebles

El pasado martes, y 13, el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, que se embarcará (buen día para hacerlo…) en el preceptivo trámite parlamentario.

En distintos medios de comunicación, y en la propia Nota de Prensa del Ministerio de Hacienda, se destaca que la futura norma pretende prohibir los “softwares” de doble uso que las empresas utilizan para hacer una doble contabilidad, un mayor control sobre las criptomonedas, actualizar la lista de paraísos fiscales y sus criterios, prohibir las amnistías fiscales y ampliar la lista de deudores con la Agencia Tributaria, rebajando el umbral para ser incluido en ella, del millón de euros de deuda a los 600.000 euros, e incluyendo también a los responsables solidarios.

Sin embargo, se ha obviado una de las medidas que se incluyen en dicho Proyecto de Ley, y que puede tener un mayor impacto fiscal: el cambio de las reglas del juego en la valoración de los inmuebles, en sede del ITP-AJD, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, y el Impuesto sobre el Patrimonio.

En concreto, el Proyecto de Ley recoge que «el valor de referencia que establece el Catastro se convierte en la base imponible de los tributos patrimoniales, de forma objetiva«.

Así pues, para valorar los inmuebles en el ITP-AJD, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, y en el Impuesto sobre el Patrimonio, el Catastro fijará un valor de referencia (distinto del valor catastral), obtenido a partir de los precios de las transacciones inmobiliarias.

De esta forma, por ejemplo, en una compraventa inmobiliaria, el precio libremente pactado entre las partes, y fijado en la escritura, no tendrá ninguna trascendencia fiscal, y tampoco será necesario que la Administración tributaria individualice -mediante la visita de su perito – el valor del inmueble que se transmite. Y ello, según el Proyecto de Ley, «en aras de la seguridad jurídica«… si bien parece que con esta medida lo que puede producirse es una subida de impuestos para quien adquiera un inmueble -ya sea rico, de clase media, …-, lo cual dista de las palabras de la Ministra de Hacienda, quien, en una reciente sesión de control parlamentario, afirmó que el Gobierno no subiría impuestos a la clase media.

En el Impuesto sobre el Patrimonio, esta nueva forma de valorar los inmuebles puede suponer que ciertos titulares de inmuebles superen el umbral de tributación (mínimo exento), para pasar así a convertirse en contribuyentes del Impuesto sobre el Patrimonio, ya que, de acuerdo con la norma fiscal vigente, están valorando sus inmuebles con valores de adquisición bajos, o con valores catastrales no muy elevados. Sin embargo, una vez que la reforma prevista vea la luz, tendrán que computar sus inmuebles por el valor de referencia del Catastro, antes aludido.

Frente a este panorama, cobra mayor importancia, si cabe, una adecuada planificación tributaria, con el objetivo de acceder a exenciones fiscales, tratando, así, de aliviar la carga impositiva.

Joaquín López Avellaneda                                             

Socio del Departamento Tributario de Martínez-Echevarría, Abogados

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¡Sálvame! Un inspector viene a verme

Un presentador de televisión y un director de cine han sido los últimos en perder, en los tribunales de justicia, sus batallas contra Hacienda por un uso indebido de sus sociedades mercantiles.

Y es que han saltado a los medios de comunicación cuestiones fiscales relacionadas con la utilización de sociedades, bien en el ámbito de las actividades profesionales (médicos, abogados, artistas, deportistas, periodistas, …), o bien en el sector inmobiliario.

La constitución de una sociedad es perfectamente legítima. La clave, desde el prisma tributario, radica en determinar si esa sociedad lleva a cabo, o no, una actividad económica. En otras palabras, lo razonable es crear una sociedad si se va a desarrollar una actividad empresarial o profesional. En caso contrario, pueden aflorar contingencias fiscales.

La creación de una sociedad profesional (de médicos, abogados, periodistas, …) ha de respetar determinados parámetros, entre otros, que la sociedad disponga de medios personales y materiales para prestar sus servicios a los clientes, o que los socios-profesionales, por la prestación de servicios a la sociedad, perciban una retribución de, al menos, el 75% del resultado previo a la deducción de las retribuciones correspondientes a los socios-profesionales por la prestación de sus servicios.

La finalidad de esta regla es que una buena parte de los ingresos de la sociedad profesional (cuya tributación es del 25%) no se remansen en la misma, sino que -vía retribución- vayan al IRPF (cuyo tipo máximo es del 45%) del socio-profesional.

En cuanto a la constitución de una sociedad que vaya a adquirir inmuebles, insistimos en que la optimización fiscal puede conseguirse si los inmuebles se van a destinar a una actividad económica (promoción, alquiler, …), pero no en caso contrario, esto es, si la sociedad es una mera tenedora de inmuebles –que no están afectos a actividad económica alguna-, ya que se pueden derivar consecuencias fiscales adversas para el socio y la sociedad en el ámbito de las operaciones vinculadas (por ejemplo, la utilización gratuita de la vivienda -propiedad de la sociedad- podría constituir una retribución en especie para el socio, y un ingreso presunto para la sociedad); o para la sociedad, en cuanto a los gastos que se pretenda deducir, tanto en sede del IVA como del Impuesto sobre Sociedades.

Además, si el socio decidiese vender las acciones de la sociedad inmobiliaria de nuestro ejemplo, el comprador debería pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados -como si adquiriese directamente los inmuebles-.

O si, por desgracia, el socio falleciese, los herederos de esa sociedad inmobiliaria sin sustrato económico no podrían aplicar los beneficios fiscales previstos para las Empresas Familiares en la normativa del Impuesto de Sucesiones.

En definitiva, en vista de la complejidad de este asunto, cobra especial importancia un asesoramiento especializado, en un triple nivel:

  • Preventivo: Como en la Medicina, más vale prevenir que curar (o, a veces, que lamentar), así que le recomendamos rodearse de los especialistas adecuados antes de crear una sociedad. Precisamente, en el ámbito de las sociedades profesionales, los contribuyentes están perdiendo en los tribunales un buen número de casos por no haber contado con un correcto asesoramiento preventivo.
  • Revisor: Si la sociedad (profesional, inmobiliaria, …) ya está operativa, y aún la Inspección tributaria no ha llamado a su puerta, se puede realizar una revisión fiscal (“due diligence”) de los últimos cuatro ejercicios, con el fin de detectar posibles contingencias fiscales y proceder, en su caso, a la regularización voluntaria de su situación tributaria, y/o de la sociedad. De este modo se puede ahorrar cuantiosas sanciones.
  • Contencioso: Si ya está en pleno trance de una inspección tributaria, sigue siendo recomendable contar con la ayuda profesional adecuada, para valorar las posibilidades de defensa frente a la actuación de Hacienda, y, en su caso, la estrategia procesal a seguir.

Joaquín López Avellaneda                                                      

Responsable en Andalucía del Departamento Fiscal de Martínez-Echevarría, Abogados

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EL TJUE ABRE LA POSIBILIDAD DE RECLAMAR LA NULIDAD DE LOS ACUERDOS DE LAS CLÁUSULAS SUELO

Recientemente hemos conocido el criterio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre una de las cuestiones más controvertidas en relación con las cláusulas de limitación de los tipos de interés (cláusulas suelo): los acuerdos novatorios y la renuncia de acciones.

Tras los cambios de criterio del Tribunal Supremo entre las Sentencias de 16 de octubre de 2017 y 11 de abril de 2018, se plantearon diversas cuestiones prejudiciales ante el TJUE para concretar la validez de dichos pactos. Concretamente, la sentencia de 9 de julio de 2020 ha sido el resultado de la cuestión planteada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Teruel en un procedimiento que enfrentaba a una consumidora con Ibercaja (C-452/18). En su pronunciamiento, el TJUE ha reconocido que los acuerdos sobre las cláusulas suelo y las renuncias a hacer valer sus derechos en el futuro pueden ser declarados abusivos por un juez si, tras su examen, se acredita que los mismos no cumplen los requisitos de información y transparencia derivados del art. 3 de la Directiva 93/13.

De entrada, una cláusula que contemple una renuncia mutua al ejercicio de cualquier acción judicial en el marco de un acuerdo que tenga por objeto la solución de una controversia surgida entre un profesional y un consumidor acerca de la validez de la cláusula de un contrato que vincula a estas dos partes, puede constituir el objeto principal del acuerdo en el sentido del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 y, en consecuencia, quedar sustraída de la apreciación de su posible carácter abusivo, siempre que esté redactada de manera clara y comprensible.

Por ello, el TJUE establece la posibilidad de considerar abusivos los acuerdos entre un profesional y un consumidor con la finalidad de modificar la cláusula abusiva de un contrato anterior (o concretar las consecuencias de dicha abusividad), si dicho convenio no cumple con los requisitos de transparencia de la Directiva 93/13. En este sentido, el Alto Tribunal Europeo  permite declarar la nulidad de dicho acuerdo si la modificación no ha sido negociada individualmente y el cliente no ha podido influir en ella.

Por lo que respecta a las renuncias sobre las cláusulas suelo, solamente serán admisibles si el consumidor, en el momento de firmarlas, ha prestado su consentimiento libremente y ha estado debidamente informado. Para ello resulta imprescindible que el prestatario, antes del contrato, tenga a su disposición toda la información sobre las condiciones del mismo y las consecuencias futuras de su celebración, incluyendo también la evolución pasada del índice a partir del cual se calcula el tipo de interés.  En caso de que no se cumplan esos requisitos, las renuncias serán nulas.

En conclusión, dicha sentencia es muy positiva para los consumidores, pues permite declarar la nulidad de la gran mayoría de los acuerdos firmados con las entidades bancarias y recuperar todas las cantidades cobradas indebidamente. Desde Martínez-Echevarría Abogados animamos a aquellos consumidores que están en esta situación a que estudien cuáles son sus opciones de reclamación con un abogado especializado en Derecho Bancario. Puede contactarnos en el teléfono gratuito 900 100 039, o bien, en el formulario de consulta.

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RESIDENCIA FISCAL Y COVID-19: LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS CREA ALARMA

El pasado 17 de junio, la Dirección General de Tributos ha emitido una contestación a la consulta vinculante V1983-20, en la que se analiza el caso de un matrimonio de residentes fiscales en Líbano que vinieron a España a principios del año 2020, para permanecer aquí unos tres meses, si bien no pudieron regresar a su país al finalizar ese período, debido a la declaración del estado de alarma por el covid-19.

Pues bien, la Dirección General de Tributos afirma que “los días pasados en España por el matrimonio, debido al estado de alarma, se computarían, por lo que, si permanecieran más de 183 días en territorio español en el año 2020, serían considerados contribuyentes del IRPF.”

La Dirección General de Tributos ha obviado que la Secretaría de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó, el pasado 3 de abril, su “Analysis of Tax Treaties and the Impact of the Covid-19 crisis”, que recoge una especie de guía en la que se recomienda a los países miembros la adopción de medidas legales que den respuesta a las situaciones excepcionales creadas por esta crisis sanitaria, en cuestiones como la residencia fiscal, entre otras.

El Reino Unido fue el primero en mover ficha, introduciendo en su legislación una regla por la que no se computan los días que una persona permanezca en dicho territorio como consecuencia de las extraordinarias limitaciones de movilidad provocadas por la crisis del Covid-19 (ya sea por cuarentena, cierre de frontera con otros países, retorno al Reino Unido por indicación del empleador de otro país que sufra la pandemia, …).

Australia e Irlanda también se sumaron, con reglas parecidas.

En España, como venimos diciendo, la Dirección General de Tributos sostiene que los días del estado de alarma se suman para determinar la residencia fiscal, ignorando que es razonable sostener que estamos ante un caso de fuerza mayor, que ha limitado la libertad de movimientos, y que no debería tener implicaciones en la residencia fiscal.

Por último, la Dirección General de Tributos tuvo el decoro de recordarles a los ciudadanos libaneses que “podrían retornar a su país de origen una vez finalice el estado de alarma”, lo cual, recordemos, tuvo lugar el 21 de junio de 2020, es decir, a falta de solamente de 10 días para ser considerados como residentes fiscales en España.

Tanto a esos ciudadanos libaneses, como a otros que se encuentren en situación similar, les recomendamos que recopilen todas las pruebas a su alcance para demostrar su intención de regresar a su país lo antes posible tras la finalización del estado de alarma, ya que se atisba una fuente de conflictos con la Administración Tributaria por esta cuestión.

Joaquín López Avellaneda
Responsable en Andalucía del Departamento Fiscal de Martínez-Echevarría, Abogados

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