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El Impuesto sobre el Valor Añadido y el Comercio Electrónico: Novedades

El 1 de julio de este año 2021, entrarán en vigor diversas modificaciones en el ámbito del IVA, con la intención de cerrar la regulación del comercio electrónico a efectos de este Impuesto y adaptarla a los tiempos actuales.

Las modificaciones de la normativa española del IVA, que se encuentra aún pendiente de aprobación, transponen a nuestro ordenamiento varias Directivas europeas que modifican las Directivas 2006/112/CE y 2009/132/CE, en lo que respecta a las disposiciones relativas a las ventas a distancia de bienes y a ciertas entregas nacionales de bienes, en relación a la tributación por IVA, que afecta a las Plataformas de Comercio Electrónico y a los Marketplace (Directiva (UE) 2019/1995 del Consejo, de 21 de noviembre de 2019 y Directiva (UE) 2017/2455 del Consejo, de 5 de diciembre de 2017).

Estas Directivas establecen una serie de novedades relevantes en materia de IVA a tener en cuenta por los operadores de este tipo de negocios digitales. Entre estas novedades, consideramos necesario resaltar las siguientes:

  • Se afianza el criterio de que las operaciones realizadas con consumidores finales comunitarios queden gravadas con IVA en el país de llegada de la mercancía. Esta situación conlleva, a salvo de lo indicado a continuación, registrarse a efectos de IVA en el país de destino y aplicar el IVA que proceda en cada país.
      • Se podrán evitar los inconvenientes de tenerse que identificar o aplicar el IVA del país de destino cuando las entregas a consumidores de la Unión Europea no excedan de 10.000 euros al año. Por debajo de este importe las operaciones que se realicen con consumidores de la Unión quedarán gravadas en España, al IVA español (y no en el país de destino a su IVA correspondiente).
      • Si las empresas facturan más de 10.000 euros al año a clientes de la UE, éstas pueden optar por el régimen especial de ventanilla única, por medio del cual podrán presentar las liquidaciones en su propio país, por ejemplo en la Hacienda española (sin necesidad de identificarse en cada país de destino), pero sí deberán saber aplicar los diferentes tipos de IVA en función del país de destino -localización del cliente final. Cada Estado miembro se encargará de enviar la recaudación al Estado destinatario.
  • Se elimina la exención en las importaciones de bienes de escaso valor, aplicable en la actualidad hasta los 22 euros de valor global de la mercancía. Eso sí, se mantiene la exención de los derechos de aduana para las importaciones con un valor inferior a 150€.
  • Los Marketplace, en determinados supuestos, se consideran vendedores-sujetos pasivos de IVA. Así, serán responsables de recaudar e ingresar el IVA cuando la empresa usuario no esté en la UE, como si ellos realizaran una venta directa al consumidor en destino.
  • Por último, debemos resaltar que, se les podrá requerir a las plataformas online, en determinados supuestos, mantener un registro de las transacciones realizadas durante un plazo de diez años, con fines de control tributario, requiriendo adaptar sus políticas de cumplimiento de protección de datos personales.
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NOVEDADES TRIBUTARIAS EN EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS.

  1. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

Se introducen las siguientes medidas con efectos desde el 1 de enero de 2021 y, por tanto, con impacto en la declaración del IRPF que se presentará en junio de 2022:

  • Subida de los tipos de gravamen aplicables a las rentas más altas:
    • Incremento en 2 puntos de la escala estatal aplicable a la base imponible general (de 22,5% a 24,5%) para rentas que excedan los 300.000€, lo que agregando la tarifa autonómica se traduciría en un tipo marginal máximo del 45,5% en Madrid y del 47,9% en Andalucía).

En línea con esta modificación se incrementa la escala aplicable a los trabajadores desplazados a territorio español en aquellos casos de rentas superiores a 600.000 euros en 2 puntos, de 45% a 47%.

  • Incremento en 3 puntos (del 23% al 26%) del tipo de gravamen aplicable a la base del ahorro para rentas que excedan los 200.000€. En este punto, es recomendable analizar la conveniencia, o no, de anticipar al año 2020 ciertas decisiones de desinversión / venta.

Esta misma modificación afecta también a dividendos, intereses y ganancias en el régimen de trabajadores desplazados.

  • Modificaciones en aportaciones a planes de pensiones y contribuciones a sistemas de previsión social:
    • Se reduce el importe de las reducciones procedentes por aportaciones del propio partícipe de 8.000 a 2.000 euros anuales, y las aportaciones del cónyuge no activo de 2.500 a 1.000 euros anuales.
    • No obstante, el límite conjunto de reducción (aportaciones-partícipe y de la empresa) se amplía en 8.000 euros (siendo, por tanto, el nuevo máximo 10.000 euros), siempre que el exceso de las aportaciones sobre los 2.000 euros previstos para las aportaciones individuales se corresponda con contribuciones empresariales.
  • Módulos: Se prorrogan, para 2021, los límites vigentes en estimación objetiva del IRPF e IVA.
  • IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

Con efectos desde la entrada en vigor de esta norma:

  • Se contempla que el Impuesto sobre el Patrimonio tenga un carácter indefinido, de modo que no sean necesarias las prórrogas anuales. Cobra, pues, mayor fuerza la recomendación de revisión de los requisitos para acceder a las exenciones en el Impuesto sobre el Patrimonio.
  • Se incrementa un punto el gravamen del último tramo (base liquidable superior a 10.695.996,06 euros), que pasa del 2,5% al 3,5%. Esta modificación sólo aplica a aquellas Comunidades Autónomas que no hayan aprobado una escala propia, así como a los sujetos pasivos por obligación real (salvo que opten por aplicar la escala autonómica).
  • IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

Con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2021 que no hayan concluido a la fecha de entrada en vigor de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, se proponen una serie de medidas muy relevantes que afectan a la corrección de la doble imposición y que pivotan sobre dos modificaciones:

  • Requisito de participación de la exención del artículo 21 LIS[1]: Se elimina la posibilidad de cualificar para la aplicación de la exención aquellas participaciones cuyo valor de adquisición fiscal supere los 20 millones de euros, resultando aplicable únicamente la exención en aquellos supuestos en los que la participación sea de, al menos, un 5% en los fondos propios de la entidad. Esta modificación también se introduce en el artículo 32 LIS que regula la deducción para evitar la doble imposición económica internacional sobre dividendos y participaciones en beneficios. No obstante, se regula un régimen transitorio de 5 años en el caso de participaciones adquiridas con anterioridad al 1 de enero de 2021.

En línea con esta modificación, en el artículo 16.1 LIS que regula la limitación en la deducibilidad de los gastos financieros, se suprime la adición al beneficio operativo de los ingresos financieros de participaciones en instrumentos de patrimonio que se correspondan con dividendos cuando el valor de adquisición de dichas participaciones sea superior a 20 millones de euros.

  • Importe de la exención: Se reduce la exención en un 5% (pasando del 100% al 95%) en concepto de los gastos de gestión de la participación. Dicha reducción se aplica tanto a filiales españolas como extranjeras. La norma no prevé ningún mecanismo que mitigue esta reducción de la exención en caso de cadenas societarias, por lo que podría ser recomendable revisar este tipo de estructuras con el objetivo de simplificarlas y evitar varios niveles de imposición.

La misma medida se prevé en el artículo 32 LIS y también se traslada al régimen de consolidación fiscal de forma que no se eliminarán fiscalmente las rentas que deban integrarse en la base imponible consolidada debido a esta limitación del 95%.

Esta reducción también impacta en el régimen de transparencia fiscal internacional donde también se someterá a tributación el 5% de los dividendos que no deben integrarse en la base imponible porque corresponden a rentas que ya han sido imputadas. En nuestra opinión esto causa una doble imposición. 

Por el contrario, esta reducción del 95% no se ha reflejado en la exención de rentas obtenidas por establecimientos permanentes en el extranjero regulada en el artículo 22 LIS.

  • La exención seguirá siendo del 100% durante los próximos 3 años para sociedades que cumplan determinados requisitos:
  • La entidad que reciba el dividendo (i) no puede tener un importe neto de la cifra de negocios en el periodo anterior que supere los 40 millones de euros, (ii) no debe tener la consideración de entidad patrimonial, (iii) no puede formar parte, con carácter previo a la constitución de la entidad que distribuye el dividendo, de un grupo de sociedades de acuerdo con el artículo 42 del Código de Comercio, y (iv) no puede tener, con carácter previo a la constitución de la entidad que distribuye el dividendo, una participación de, al menos el 5% en otra sociedad.
  • La sociedad que reparta el dividendo debe haberse constituido a partir del 1 de enero de 2021. 
  • IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES

Con efectos desde la entrada en vigor de esta norma:

  • Se incluyen los países del Espacio Económico Europeo en la exención por intereses y demás rendimientos obtenidos por la cesión a terceros de capitales propios, así como las ganancias patrimoniales derivadas de bienes muebles obtenidos sin mediación de establecimiento permanente.
  • Se modifica la exención relativa a los beneficios distribuidos por las sociedades filiales residentes en territorio español a sus matrices comunitarias, suprimiéndose la posibilidad de que se acceda a la exención cuando el valor de adquisición de la participación sea superior a 20 millones de euros, quedando como requisito la exigencia de una participación directa e indirecta, de al menos el 5%. Al igual que en IS se prevé un periodo transitorio de 5 años.
  • IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

Con efectos desde la entrada en vigor de esta norma:

  • Se incrementa del 10% al 21% (de reducido a normal) el tipo de gravamen aplicable a las bebidas que contengan edulcorantes añadidos, naturales y derivados, y/o aditivos edulcorantes, excepto las leches infantiles y las bebidas consideradas como complementos alimenticios para necesidades dietéticas especiales. El incremento del gravamen solo afecta a la venta de estos productos en supermercados, pero la consumición en bares y restaurantes seguirá tributando al 10% para no perjudicar a la restauración en un momento tan delicado como el actual.
  • Se propone la modificación de la redacción del artículo 70.Dos de la Ley del IVA con el fin de que la regla de uso efectivo deje de resultar de aplicación respecto de las Islas Canarias, Ceuta y Melilla.
  • Se prorrogan para el período impositivo 2021 los límites para la aplicación del régimen simplificado y el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, en el Impuesto sobre el Valor Añadido.
  • IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS

Se actualiza en un 2% la escala de gravamen de los títulos y grandezas nobiliarios.

  • IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS

Se revisa el Impuesto sobre Primas de Seguros, incrementándose el tipo de gravamen del 6% al 8%. 

  • IMPUESTOS ESPECIALES. REDUCCIÓN DE LA BONIFICACIÓN FISCAL DEL DIÉSEL.
  • El tipo estatal general del gasóleo pasará a ser de 34,5 céntimos por litro, frente a los 30,7 actuales, aunque sigue siendo inferior a los 40,07 céntimos por litro de la gasolina. De tal forma, se reduce la bonificación hasta 38 euros por cada mil litros.
  • Se mantiene sin cambios la tributación sobre el gasóleo de uso profesional y el gasóleo bonificado.
  • IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
  • Se crean nuevos epígrafes o grupos en las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, con el fin de clasificar de forma específica las actividades de comercialización de los suministros de carácter general (electricidad y gas).
  • Se crea un epígrafe para las grandes superficies comerciales que no se dedican principalmente a la ropa o a la alimentación dentro del Grupo 661, “Comercio mixto integrado en grandes superficies”.
  • Se crea un epígrafe para la nueva actividad de suministro de energía a vehículos eléctricos a través de puntos de recarga instalados en cualquier lugar, ya sea en la vía pública, gasolineras, garajes públicos y privados o en cualquier otro emplazamiento.
  1. OTRAS MEDIDAS
  • El interés legal del dinero se fija en el 3,00% hasta el 31 de diciembre del año 2021.
  • El interés de demora tributario se mantiene al 3,75% hasta el 31 de diciembre de 2021.
  • Tasas: El Proyecto de Ley también tiene impacto sobre varias tasas y cánones entre las que destacan las tasas sobre el juego, la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico y las tasas por licencia de empresa ferroviaria.

[1] Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (“LIS”).

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La letra pequeña del Proyecto de Ley de Prevención del Fraude Fiscal: Posible subida de impuestos relacionados con inmuebles

El pasado martes, y 13, el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, que se embarcará (buen día para hacerlo…) en el preceptivo trámite parlamentario.

En distintos medios de comunicación, y en la propia Nota de Prensa del Ministerio de Hacienda, se destaca que la futura norma pretende prohibir los “softwares” de doble uso que las empresas utilizan para hacer una doble contabilidad, un mayor control sobre las criptomonedas, actualizar la lista de paraísos fiscales y sus criterios, prohibir las amnistías fiscales y ampliar la lista de deudores con la Agencia Tributaria, rebajando el umbral para ser incluido en ella, del millón de euros de deuda a los 600.000 euros, e incluyendo también a los responsables solidarios.

Sin embargo, se ha obviado una de las medidas que se incluyen en dicho Proyecto de Ley, y que puede tener un mayor impacto fiscal: el cambio de las reglas del juego en la valoración de los inmuebles, en sede del ITP-AJD, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, y el Impuesto sobre el Patrimonio.

En concreto, el Proyecto de Ley recoge que «el valor de referencia que establece el Catastro se convierte en la base imponible de los tributos patrimoniales, de forma objetiva«.

Así pues, para valorar los inmuebles en el ITP-AJD, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, y en el Impuesto sobre el Patrimonio, el Catastro fijará un valor de referencia (distinto del valor catastral), obtenido a partir de los precios de las transacciones inmobiliarias.

De esta forma, por ejemplo, en una compraventa inmobiliaria, el precio libremente pactado entre las partes, y fijado en la escritura, no tendrá ninguna trascendencia fiscal, y tampoco será necesario que la Administración tributaria individualice -mediante la visita de su perito – el valor del inmueble que se transmite. Y ello, según el Proyecto de Ley, «en aras de la seguridad jurídica«… si bien parece que con esta medida lo que puede producirse es una subida de impuestos para quien adquiera un inmueble -ya sea rico, de clase media, …-, lo cual dista de las palabras de la Ministra de Hacienda, quien, en una reciente sesión de control parlamentario, afirmó que el Gobierno no subiría impuestos a la clase media.

En el Impuesto sobre el Patrimonio, esta nueva forma de valorar los inmuebles puede suponer que ciertos titulares de inmuebles superen el umbral de tributación (mínimo exento), para pasar así a convertirse en contribuyentes del Impuesto sobre el Patrimonio, ya que, de acuerdo con la norma fiscal vigente, están valorando sus inmuebles con valores de adquisición bajos, o con valores catastrales no muy elevados. Sin embargo, una vez que la reforma prevista vea la luz, tendrán que computar sus inmuebles por el valor de referencia del Catastro, antes aludido.

Frente a este panorama, cobra mayor importancia, si cabe, una adecuada planificación tributaria, con el objetivo de acceder a exenciones fiscales, tratando, así, de aliviar la carga impositiva.

Joaquín López Avellaneda                                             

Socio del Departamento Tributario de Martínez-Echevarría, Abogados

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¡Sálvame! Un inspector viene a verme

Un presentador de televisión y un director de cine han sido los últimos en perder, en los tribunales de justicia, sus batallas contra Hacienda por un uso indebido de sus sociedades mercantiles.

Y es que han saltado a los medios de comunicación cuestiones fiscales relacionadas con la utilización de sociedades, bien en el ámbito de las actividades profesionales (médicos, abogados, artistas, deportistas, periodistas, …), o bien en el sector inmobiliario.

La constitución de una sociedad es perfectamente legítima. La clave, desde el prisma tributario, radica en determinar si esa sociedad lleva a cabo, o no, una actividad económica. En otras palabras, lo razonable es crear una sociedad si se va a desarrollar una actividad empresarial o profesional. En caso contrario, pueden aflorar contingencias fiscales.

La creación de una sociedad profesional (de médicos, abogados, periodistas, …) ha de respetar determinados parámetros, entre otros, que la sociedad disponga de medios personales y materiales para prestar sus servicios a los clientes, o que los socios-profesionales, por la prestación de servicios a la sociedad, perciban una retribución de, al menos, el 75% del resultado previo a la deducción de las retribuciones correspondientes a los socios-profesionales por la prestación de sus servicios.

La finalidad de esta regla es que una buena parte de los ingresos de la sociedad profesional (cuya tributación es del 25%) no se remansen en la misma, sino que -vía retribución- vayan al IRPF (cuyo tipo máximo es del 45%) del socio-profesional.

En cuanto a la constitución de una sociedad que vaya a adquirir inmuebles, insistimos en que la optimización fiscal puede conseguirse si los inmuebles se van a destinar a una actividad económica (promoción, alquiler, …), pero no en caso contrario, esto es, si la sociedad es una mera tenedora de inmuebles –que no están afectos a actividad económica alguna-, ya que se pueden derivar consecuencias fiscales adversas para el socio y la sociedad en el ámbito de las operaciones vinculadas (por ejemplo, la utilización gratuita de la vivienda -propiedad de la sociedad- podría constituir una retribución en especie para el socio, y un ingreso presunto para la sociedad); o para la sociedad, en cuanto a los gastos que se pretenda deducir, tanto en sede del IVA como del Impuesto sobre Sociedades.

Además, si el socio decidiese vender las acciones de la sociedad inmobiliaria de nuestro ejemplo, el comprador debería pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados -como si adquiriese directamente los inmuebles-.

O si, por desgracia, el socio falleciese, los herederos de esa sociedad inmobiliaria sin sustrato económico no podrían aplicar los beneficios fiscales previstos para las Empresas Familiares en la normativa del Impuesto de Sucesiones.

En definitiva, en vista de la complejidad de este asunto, cobra especial importancia un asesoramiento especializado, en un triple nivel:

  • Preventivo: Como en la Medicina, más vale prevenir que curar (o, a veces, que lamentar), así que le recomendamos rodearse de los especialistas adecuados antes de crear una sociedad. Precisamente, en el ámbito de las sociedades profesionales, los contribuyentes están perdiendo en los tribunales un buen número de casos por no haber contado con un correcto asesoramiento preventivo.
  • Revisor: Si la sociedad (profesional, inmobiliaria, …) ya está operativa, y aún la Inspección tributaria no ha llamado a su puerta, se puede realizar una revisión fiscal (“due diligence”) de los últimos cuatro ejercicios, con el fin de detectar posibles contingencias fiscales y proceder, en su caso, a la regularización voluntaria de su situación tributaria, y/o de la sociedad. De este modo se puede ahorrar cuantiosas sanciones.
  • Contencioso: Si ya está en pleno trance de una inspección tributaria, sigue siendo recomendable contar con la ayuda profesional adecuada, para valorar las posibilidades de defensa frente a la actuación de Hacienda, y, en su caso, la estrategia procesal a seguir.

Joaquín López Avellaneda                                                      

Responsable en Andalucía del Departamento Fiscal de Martínez-Echevarría, Abogados

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