Tax

Martínez-Echevarría’s Tax Department offers ongoing advisory services as well as advice on specific cases in tax matters to companies and, in certain areas, to individuals, with the aim of guaranteeing proper compliance with taxpayers’ obligations, combined with the search for tax optimisation within the legal parameters.

We also assist international clients and  advise them on foreign investment transactions in Spain, Portugal and Turkey, taking advantage of the Firm’s consolidated presence in these countries. Our advice also extends to investment abroad, where we analyse Double Taxation Agreements.

We advise on all branches of tax law, divided into three main areas: corporate taxation, personal taxation and contentious-taxation. Specifically:

Corporate taxation: We advise on the day-to-day activities of companies and other corporate entities on those matters in which we can provide added value, as well as offering tax planning in restructuring operations (mergers, spin-offs, etc.). We also advise on matters relating to the purchase and sale of companies and tax due diligence. We provide advice on corporate income tax, and indirect taxes such as Value Added Tax or Property Transfer Tax and Stamp Duty, as well as on customs and excise duties and local taxation and environmental taxes.

We also offer tax advice related to legal structures aimed at managing, continuing and  transferring the family business to future generations.

In addition, our lawyers assist non-profit organisations and advise on all matters relating to corporate sponsorship.

Personal taxation: We assist individuals and families in a wide range of issues, including tax planning, wealth tax, inheritance and gift tax, personal taxation of family business members, and the expatriation of employees and executives, including assistance in the design of tax-efficient remuneration schemes.

We have extensive experience in providing tax advice to non-resident entrepreneurs and individuals, including investment in Spain, day-to-day operations and, where appropriate, divestment.

Contentious-taxation: We advise on all types of procedures (inspection, management, collection, penalties, derivation of tax liability), appeals or litigations that taxpayers -both entities and individuals- may have with the Spanish Tax Authorities. We defend the interests of our clients before all administrative authorities (State Tax Administration Agency, regional and local administrations, or Economic-Administrative Courts) and judicial authorities (Contentious-Administrative Courts, High Courts of Justice or Supreme Court).

In addition, we assist in State liability claims  in administrative and contentious-administrative proceedings.

We also provide advice on preventive actions, such as the preparation of consultations before the Directorate General of Taxation of the Ministry of Finance and equivalent regional bodies, or the prior analysis of potentially conflictive aspects of business activities and operations.

Notas Jurídicas

Resulta posible solicitar el aplazamiento del pago de todas aquellas autoliquidaciones del IS, IRPF o IVA cuyo plazo de presentación e ingreso finalice entre el 13 de marzo y el 30 de mayo de 2020, por aquellas personas o entidades con volumen de operaciones no superior a 6.010.121,04 en el ejercicio 2019. Adicionalmente, no será necesaria la aportación de aval en caso de deudas de cuantía inferior a 30.000 euros. El aplazamiento se concederá por un plazo de 6 meses, sin devengo de intereses de demora durante los 3 primeros meses del aplazamiento.

Eladia de Carlos & Cristina Alba

El incumplimiento de las medidas de esta naturaleza o la resistencia a las órdenes de la autoridad competente podrá ser objeto de sanción administrativa según la Ley de Seguridad Ciudadana, Salud Pública y Protección Civil, a razón de multas pecuniarias (de 100 a 600.000€), suspensión de cargos y otros. Su impugnación, ya en vía administrativa o contenciosa, habrá de considerar, entre otras, la correcta tipificación de la conducta y atribución al presunto infractor, la graduación proporcional de la sanción y la posible prescripción, tanto de la sanción como de la infracción.

Iñaki Marrodán.

Puede resultar que el obligado tributario, por diversos motivos derivados del estado de alarma (falta de liquidez, imposibilidad de acceso físico a la documentación necesaria, etc.), no pueda presentar en plazo la autoliquidación del IVA, IS o el correspondiente Impuesto. En esta situación, la normativa tributaria prevé recargos por autoliquidación extemporánea sin requerimiento previo de la Administración tributaria. No obstante, en el contexto del estado de alarma resulta defendible la improcedencia de ese recargo.

Eladia de Carlos & Cristina Alba

Como consecuencia del decretado estado de alarma, son muchos los extranjeros que han tenido que permanecer en territorio español. Este hecho, mantenido en el tiempo, podría implicar su consideración como residentes fiscales en España, cuando en realidad se trata de una circunstancia ajena a su voluntad. A la espera de que España se pronuncie sobre esta cuestión, resulta de interés el asesoramiento ofrecido sobre posibles implicaciones y vías de impugnación de la residencia fiscal en España. Del mismo modo, esta cuestión puede plantearse con la situación de españoles en el extranjero.

Eladia de Carlos & Cristina Alba

Ante la falta de liquidez que puede presentarse en el estado de alarma por la ausencia de actividad y por el confinamiento, superado el plazo de moratoria de un mes otorgado por el Conejo de Ministros de 13 de abril de 2020 para pymes y autónomos, se podría plantear la compensación de deudas tributarias. El asesoramiento se refiere a la tramitación de la solicitud de devolución derivada de la normativa de un tributo, por ejemplo, del IS o del IVA, siempre que hayan transcurrido más de seis meses desde su presentación, con otra deuda tributaria derivada de una autoliquidación de similar naturaleza y presentada durante el estado de alarma.

Eladia de Carlos & Cristina Alba

Con motivo del COVID-19, es necesario revisar la estructura patrimonial de la persona física y empresa familiar a los efectos de poder beneficiarse de los incentivos fiscales que prevén las diferentes Comunidades Autónomas en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Igualmente, podrían resultar aplicables las suspensiones de pago de autoliquidación previstas en tributación local (por ejemplo, en el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana en determinados Ayuntamientos).

Asimismo, aunque no se ha anunciado oficialmente, no se puede descartar la reactivación del Impuesto sobre el Patrimonio en algunas Comunidades, por lo que es recomendable, también por este motivo, revisar tales estructuras para poder aplicar la exención prevista en el caso de empresas familiares.

Eladia de Carlos & Cristina Alba

El estado de alarma supone una serie de efectos económicos en las empresas que pueden impactar en su resultado contable y, por tanto, afectar a la base imponible del Impuesto sobre Sociedades. Nos referimos a la contabilización de ayudas y subvenciones, provisiones, deterioros, así como aspectos relativos a la morosidad, entre otras cuestiones, que deben ser analizadas con cautela para recoger y, si fuera posible, minimizar su impacto fiscal.

Eladia de Carlos & Cristina Alba

Con motivo de la actual crisis sanitaria, diversos organismos (por ejemplo, la OCDE) están recomendando a los países una revisión de las políticas de lucha contra el fraude fiscal, lo que, junto a la previsible reducción de la recaudación, probablemente se traducirá en un incremento de las inspecciones de Hacienda en busca de ingresos públicos. Conviene realizar, anticipadamente, una revisión de los criterios fiscales que se han seguido en los últimos cuatro años, por si fuese conveniente regularizar la situación tributaria o, al menos, evaluar posibles contingencias fiscales, en materias como: operaciones de reorganización empresarial realizadas (fusiones, escisiones, canje de valores, etc.), operaciones vinculadas, deducción de gastos, retribución de socios profesionales, declaración de bienes en el extranjero (Modelo 720) u operaciones inmobiliarias, entre otras.

Joaquín López

Ante la extraordinaria situación creada por el estado de alarma, muchos arrendadores de locales de negocio se han encontrado con rentas impagadas. Otros han llegado a acuerdos con sus inquilinos, rebajando temporalmente la renta, aplazando su pago o incluso condonándolas para permitirles capear mejor esta difícil situación. Ante ello, la Ley del IVA es inflexible y, aun cuando la renta no se haya percibido, se mantiene la obligación de ingresar el IVA correspondiente en Hacienda.

Los arrendadores que se encuentren ante alguna de estas situaciones deben tener presente que, para evitar conflictos en materia de IVA por causa de las rentas rebajadas, aplazadas o impagadas en este periodo, resulta imprescindible adoptar medidas en relación con la exigibilidad de las rentas derivadas del contrato de arrendamiento, modificando el contrato. Si no se hace adecuadamente, pueden verse obligados a ingresar con recargo unas cuotas que no han cobrado.

Eduardo Cardona Alonso