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Los medios de comunicación se han hecho eco de los últimos acontecimientos sucedidos alrededor de empresas como Peluquerías Low Cost, la cual atraviesa una complicada situación después de que varios franquiciados denunciaran las prácticas presuntamente fraudulentas por parte de su dirección y de que la justicia impusiera las medidas cautelares que considera adecuadas para este caso. Además, algunos franquiciados están siendo investigados. ¿Cuál es su grado de implicación en el asunto?

El caso de Peluquerías Low Cost: los franquiciados denuncian y la justicia reacciona

El Juzgado de Instrucción 19 de Sevilla se encuentra investigando la trama de las Peluquerías Low Cost, después de que la policía detuviera a 37 presuntos implicados en el fraude de la cadena de estética. En concreto, un franquiciado ha denunciado un fraude a la Seguridad Social realizado mediante los contratos de formación firmados desde la empresa. En concreto, se acusa al dueño de la marca comercial de un presunto fraude a la Seguridad Social de más de tres millones de euros a través de una red de franquicias formada por unas 600 peluquerías. Uno de los investigados en la trama admitía haber cobrado 1,5 millones en incentivos para formación, aunque trasladaba parte de la responsabilidad a los franquiciados, pues afirmaba que él no imponía la contratación en formación de los nuevos empleados de estos centros. Los franquiciados, al contrario, niegan dichas declaraciones y afirman que desde la dirección eran obligados a actuar de este modo.

Esta situación ha sembrado la incertidumbre entre aquellos franquiciados que confiaron en la marca Peluquerías Low Cost para el desarrollo de su actividad profesional. Algunos de ellos también están siendo investigados por el presunto fraude a la Seguridad Social por los contratos de formación. Afirman sentirse no solo angustiados por la situación, sino engañados por la cadena, después de que le asegurasen que desde Peluquerías Low Cost se encargarían de todos los tramites tras el pago de la prima de la franquicia (unos 25.000 euros).

La falta de transparencia en los contratos firmados entre la franquicia y los franquiciados, así como las condiciones abusivas impuestas por la cadena, son detalles a tener en cuenta a la hora de estudiar cada caso de forma particular para iniciar una acción de fuerza conjunta.

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