Quizás la novedad más significativa de la reciente reforma del régimen de las sociedades de capital (Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo) sea el fin de la neta separación funcional entre los órganos necesarios de las mismas (junta y administración) que hasta ahora ha venido operando.

Según el modelo tradicional, la junta general de las sociedades de capital es el órgano deliberante que decide sobre los asuntos propios de su competencia, fijados por la propia ley. De esta forma, la junta general ejercía la potestad sobre asuntos de importancia estructural para la sociedad y controlaba, de manera genérica, la gestión social.

La mencionada reforma ha alterado el esquema de competencias orgánicas en las sociedades de capital, concediendo mayor protagonismo en asuntos de gestión a la junta general. A tales efectos, se atribuye al órgano de socios la competencia exclusiva para decidir sobre la disposición o adquisición de activos esenciales; por otra parte, y exclusivamente para sociedades cotizadas, se amplía igualmente la competencia de la junta para decidir sobre la transferencia a entidades dependientes de actividades esenciales de la sociedad.

Pero, sobre todo, se ha eliminado la diferencia tradicional entre sociedades de responsabilidad limitada y sociedades anónimas en relación a la iniciativa de la junta general sobre asuntos de gestión, con el reconocimiento para todas las sociedades de capital de la facultad de la junta de intervenir al respecto.

Se configura así un nuevo modelo de gestión societaria, en el que opera una competencia concurrente entre órganos ejecutivos y deliberantes. Y ello conlleva, lógicamente, modificaciones en las relaciones internas y externas de la sociedad, sobre todo, en éste último campo, en lo que se refiere a la representación de la sociedad frente a terceros y la responsabilidad de los administradores. Y no pocos problemas interpretativos, que habrán de ir siendo resueltos por jueces y tribunales.

Así, por ejemplo, la nueva facultad de la Junta General para decidir sobre la adquisición, la enajenación o la aportación a otra sociedad de activos esenciales  promueve dudas, pues obliga a distinguir en los negocios jurídicos realizados por el órgano de administración, si se trata de activos “esenciales” –competencia de la Junta General- o no –competencia del órgano de administración-. El problema está en que el legislador no ha concretado qué es un “activo esencial” –solo establece una presunción-, ni aclara de quién es la competencia para decidir sobre el carácter de “esencial” del activo.

En cualquier caso, debe tenerse presente que la voluntad social puede alterar la distribución de competencia orgánica predispuesta por la Ley en lo referido al ejercicio de la gestión, ya que pueden introducirse limitaciones voluntarias, sean estatutarias u orgánicas, a la competencia de gestión de órgano de administración. Y esas limitaciones voluntarias vinculan a los administradores y afectan a las relaciones con terceros y a la responsabilidad de los administradores en caso de actos en exceso de competencia.

AUTOR: Juan Luis Pulido Begines, Catedrático de Derecho Mercantil