Nueve agentes de la Guardia Civil de los municipios alicantinos de Torrevieja y Pilar de la Horadada han ingresado en prisión preventiva tras ser acusados de los delitos de cohecho, revelación de secretos, extorsión, grupo criminal, coacciones y tráfico de drogas. Además, otras 16 personas están siendo investigadas en el marco de esta misma operación. Desde el departamento de Derecho Penal nos preguntamos si estos agentes, al ser considerados militares por pertenecer al cuerpo de seguridad público, deberían ser juzgados por el Tribunal Militar o bien en un órgano de justicia civil, como a cualquier otro ciudadano que cometiera un delito.
Juzgar a un guardia civil por lo Militar: ¿de qué depende?
Aunque la Guardia Civil sea un "cuerpo de seguridad pública de naturaleza militar y ámbito nacional que forma parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", la determinación del tribunal que juzgue a quien cometa un delito en ejercicio o no de su actividad profesional es compleja. Según el Código Penal Militar, los agentes que pertenezcan a este cuerpo son considerados militares y deberán acogerse a las consecuencias de este texto jurídico si cometen infracciones que constituyan delitos de este tipo (salvo que en el Código Penal dicha acción u omisión acarree una pena mayor que en el Código Penal Militar. En este caso, la pena que deberá asumir será la reflejada en el primer código).
En este caso, nos preguntamos si los delitos por de los que se acusa a los agentes de la Guardia Civil detenidos son considerados como delitos militares o si, según el planteamiento de la Ley Orgánica 14/2015, de 14 de octubre, pueden juzgarse por el Código Penal Militar por la condición de quienes los cometen. La jurisdicción militar solo tiene competencia en aquellas causas en las que un ciudadano con estado militar cometiera una falta o delito en el ámbito castrense, por ejemplo, una falta a un superior. Pese a que los delitos por los que les acusan pudieran estar encuadrados en su actividad profesional, existen pocos antecedentes en los que el Tribunal Militar juzgue a un agente de la Guardia Civil.
¿Cómo funciona la jurisdicción militar?
El Tribunal Militar Central, con sede en Madrid, es el órgano encargado de juzgar aquellos procedimientos del ámbito penal y contenciosa-disciplinar militar. Mantiene la estructura tradicional escabinada de los Tribunales castrenses de técnicos en derecho y profesionales de las armas (Auditor Presidente y Vocales Togados) para dictar sentencias. Por su parte, los Tribunales Militares Territoriales (el primero, en Madrid; el segundo, en Sevilla, el tercero, en Barcelona; el cuarto, en A Coruña; y el quinto, en Santa Cruz de Tenerife) asisten los procedimientos asignados a sus áreas de actuación, ofreciendo una cobertura a nivel nacional.
La Justicia Militar es un tema considerado peliagudo por algunos estudiosos y críticos con el sistema: pese a la reforma del Código Penal Militar en 2016, los militares juzgados en los órganos castrenses no gozan de algunos derechos que los ciudadanos civiles sí mantienen (por ejemplo, el indulto). Además, las penas contempladas para los comportamientos considerados prohibidos o delictivos son consideradas abusivas. Por ejemplo, un agente de la Guardia Civil que desobedeciera a su superior en el ámbito de su actividad profesional podría enfrentarse a una pena de tres meses a dos años de prisión.
Si se encuentra en una postura similar a la que explicamos en este post, si pertenece al cuerpo de la Guardia Civil o desempeña su función como militar o dentro de un cuerpo público de seguridad y considera que se están vulnerando sus derechos, consulte cuáles son sus opciones de actuación con un abogado especializado en Derecho Penal. Nuestro equipo especializado no solo en Justicia Civil, sino también con una amplia experiencia en Justicia Militar, estudiará su caso y le ofrecerá la vía hacia el éxito. Puede consultarnos en el teléfono gratuito 900 100 039, o bien, a través del formulario de nuestra página web.
