El Juzgado de Instrucción nº 4 de Torremolinos ha sobreseído el procedimiento en el que se acusaba al administrador de una sociedad, defendido por Manuel Garrido (socio director del departamento de Derecho Administrativo de Martínez-Echevarría Abogados), por la comisión de tres delitos contra la Hacienda Pública en los que se pedía una pena de prisión de tres años por cada uno de ellos y una responsabilidad civil ascendente a 728.808,58 €.
Resolución estimatoria para nuestro cliente, acusado de delitos contra la Hacienda Pública
El departamento de Derecho Administrativo departamento se hace eco de un nuevo logro obtenido. En este caso, la singularidad que presenta dicha resolución radica en el momento procesal y fundamento de la decisión: formulado escrito de acusación tanto por el Ministerio Fiscal como por la Abogacía del Estado, en cuestiones previas al acto de juicio oral planteadas ante el Juzgado de lo Penal que conocía del asunto, se acordó la nulidad con devolución de las actuaciones al Juzgado de Instrucción por cuanto resumidamente no se había dictado por este último el auto por el que habrían de continuarse las actuaciones según las normas del procedimiento abreviado, pese a lo cual se había formulado escrito de defensa al que se había adjuntado prueba acreditativa de la inexistencia de la defraudación que se imputaba a la sociedad cuya defensa teníamos asumida.
Devueltas las actuaciones al Juzgado de Instrucción y en tanto en cuanto se depuraban los motivos de nulidad señalados por el Juzgado de lo Penal, tanto la Abogacía del Estado como posteriormente el Ministerio Fiscal, valorando la prueba que se había adjuntado al escrito de defensa, interesaron el sobreseimiento de la causa por inexistencia de elementos que pudieren entender cometidos los delitos por los que se acusaba a nuestro cliente, lo que fue acordado por el Juzgado.
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