El departamento de Derecho Público, Sectores Regulados y Energía cuenta con profesionales de acreditada experiencia y solvencia que han prestado servicios en el sector público -asistiendo a órganos, organismos y entidades del sector público- y asesorando y defendiendo a las principales empresas del sector energético, financiero y constructoras. El área de práctica del departamento comprende, entre otros servicios profesionales:
- Asistencia jurídica en la tramitación de procedimientos administrativos (responsabilidad patrimonial, procedimientos administrativos sancionadores, expropiaciones, subvenciones y ayudas públicas.
- Defensa en procedimientos ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (y órganos autonómicos equivalentes), la Comisión del Mercado de Valores y el Banco de España.
- Asesoramiento jurídico en la promoción, construcción y operaciones de transmisión de instalaciones eléctricas.
- Contratación del sector público: Asesoramiento jurídico en la redacción de pliegos y documentación contractual, concurrencia en procedimientos de licitación, establecimiento y aplicación de medidas de cumplimiento normativo, recursos especiales en materia de contratos, impugnación de resoluciones de los órganos de contratación y asistencia jurídica en la fase de ejecución (reclamación de cantidades adeudadas al contratista, ejecución de garantías, imposición de penalidades y resolución del contrato).
- Propiedades especiales: Asistencia en materia de regulación de aguas, costas, puertos, montes, hidrocarburos, minas y vías pecuarias.
- Medioambiente y residuos: Asesoramiento en materia de cumplimiento normativo, asistencia en procedimientos de otorgamiento de títulos administrativos y recursos contra resoluciones sancionadoras.
- Cuestiones de personal: Asistencia jurídica y defensa a funcionarios públicos y personal al servicio de las Administraciones Públicas. Defensa letrada en procesos contencioso- administrativos ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo.
- Defensa en materia de derechos fundamentales: Interposición de incidentes de nulidad de actuaciones, interposición de recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional y redacción de demandas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.