- En la querella presentada por el departamento penal de Martínez-Echevarría & Rivera abogados se atribuye a Francisco Pardo un posible delito contra la seguridad e higiene en el trabajo, por no haber proporcionado material de protección frente al Covid-19 y desatender las peticiones planteadas por los delegados de Riesgos Laborales
- A través de esta acción, se abre también procedimiento judicial contra la subdirectora general de Recursos Humanos y Formación de la Policía Nacional, Pilar Allue
La Audiencia Provincial de Madrid ha estimado el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de JUPOL contra el auto de inadmisión de la querella dictado previamente por el Juzgado de Instrucción N.º 34 de Madrid, obligando a reabrir el procedimiento por apreciar que sí concurren indicios de criminalidad contra los investigados.
En concreto, se admite la incoación del procedimiento contra el director general de la Policía, Francisco Pardo y la subdirectora general de Recursos Humanos y Formación de la Policía Nacional, Pilar Allue, por presuntos delitos contra la seguridad e higiene en el trabajo tipificados en los artículos 316 y 318 del Código Penal.
La querella presentada por el Sindicato, en contra del criterio de la Fiscalía, tanto en primera instancia como en la propia apelación, resulta ahora admitida a trámite, y dará lugar a la oportuna investigación para la depuración de responsabilidades.
En esta ocasión, el director general de la Policía, Francisco Pardo, deberá declarar ante el Juez en calidad de investigado por un presunto delito contra la seguridad e higiene en el trabajo, relacionado con las gestiones realizadas al inicio de la pandemia sanitaria del COVID-19, en relación con la falta de puesta a disposición de los funcionarios del cuerpo de los medios adecuados para garantizar su protección y su salud, así como por la falta de adopción de medidas organizativas en el mismo sentido.
Para JUPOL, la gestión de Pardo y de Allué supuso un grave riesgo para la salud de los agentes de la Policía Nacional, al no proporcionarles los equipos de protección necesarios para poder llevar a cabo su actividad laboral, minimizando el riesgo de contagio por Coronavirus, a pesar de disponer de varios informes que así lo recomendaban con la suficiente antelación.
Contenido de la querella
En la querella presentada, el departamento penal de Martínez-Echevarría & Rivera abogados, se acredita la existencia de un posible delito del director general de la Policía contra los derechos de los trabajadores, al no haber adoptado las medidas de protección que recomendaban expresamente varios informes con los que contaba desde el mes de enero de 2020, poniendo con ello en peligro la vida, salud y seguridad de los agentes.
Igualmente, se habrían incontestado innumerables solicitudes de instrucciones por parte de decenas de agentes, que quedaron desprovistos de cualquier tipo de guía de actuación por parte de la Superioridad, con los consecuente casos de contagios que en las primeras semanas de la pandemia se produjeron en este Cuerpo.
En este sentido, en la querella se apunta a que posiblemente se ignoró, tanto el informe de Riesgos Laborales del 24 de enero de 2020 donde se especificaban los materiales que debían adquirirse y suministrarse a los agentes, como multitud de solicitudes personales y de Delegados de Prevención de Riesgos Laborales, que fueron ignoradas, acalladas, y por supuesto desatendidas.
Valoración desde JUPOL
Una situación que en palabras del portavoz de JUPOL, Pablo Pérez, “es muy grave y constitutiva de un presunto delito contra la seguridad de los trabajadores, más aún, cuando a sabiendas de los riesgos sanitarios existentes, la cúpula de Interior obvió los informes, tanto internos, como de organismos sanitarios internacionales, y autorizaran el trabajo de los agentes en condiciones de riesgo”.
Tercer procedimiento abierto contra el Director General de la Policía
Con la admisión a trámite de esta querella se abre, a través de la acción de JUPOL, un tercer procedimiento judicial contra el Director General de la Policía, Francisco Pardo, que el próximo 9 de marzo de 2021 tendrá que declarar ante la Audiencia Provincial de Barcelona por un posible delito contra los derechos de los agentes de la Policía Nacional durante los altercados vividos en las calles de Barcelona tras la sentencia del Caso Proces en octubre del 2019.
Un procedimiento éste último en el que también se cita como investigado al Director Adjunto Operativo, José Ángel González, que, junto al Director General de la Policía, “tendrán que explicar ante un juez los criterios organizativos que pusieron en marcha en la Operación Ícaro, en la que resultaron heridos más de 300 agentes de la UIP”.
Por otro lado, el Director General de la Policía declarará en calidad de investigado en un segundo procedimiento por presuntos delitos de coacciones y contra la libertad sindical por los hechos acaecidos durante la celebración de la concentración de JUSAPOL el pasado día 16 de septiembre de 2020 frente al Congreso de los Diputados. Actuaciones judiciales que harán que también se siente en el banquillo el jefe de la primera Unidad de Intervención Policial.
