Tras la Semana Santa, las vacaciones de verano están cada vez más cercanas. Muchos propietarios aprovechan estas fechas para poner a punto sus pisos turísticos para alquilarlos durante la temporada estival. Pero no solo hay que poner atención en que la vivienda cuente con todas las comodidades que los inquilinos buscarán en su estancia durante el periodo vacacional, sino que también debemos tener en cuenta ciertos requisitos para que nuestro alquiler se desarrolle dentro de la legalidad.
Regulación de los pisos turísticos en Andalucía
Toda vivienda que se alquile con un fin turístico en la comunidad autónoma deberá formar parte del Registro de Turismo de Andalucía (RTA), entre los que también se encuentran los establecimientos hoteleros tradicionales, las casas rurales o los campings. El Decreto 28/2016, de 2 de febrero, ordena la regulación de las viviendas que se ofrezcan de forma habitual como alojamiento con fines turísticos.
Debido a la amplia oferta, unida al aumento del uso del alojamiento privado en el turismo, la regulación de este tipo de propiedades resulta esencial no en materia turística, sino también para las futuras obligaciones con Hacienda. Entre otras exigencias, la Junta de Andalucía establece que el anuncio o publicidad de dicha vivienda turística debe incluir el código de inscripción en el Registro de Turismo como señal de que la propiedad cumple con la normativa andaluza.
Obligaciones con Hacienda: identificación de datos personales, propiedad y servicios contratados
En diciembre de 2017, el Consejo de Ministros aprobaba una medida por la cual obligará a las plataformas de alquiler turísitico a proporcionar información de interés para Hacienda de forma periódica. De esta manera, empresas como Airbnb, Wimdu o HomeAway deberán trasladar de forma regular al fisco los datos tanto del arrendador como del arrendatario, de la vivienda, del tiempo de estancia contratado y del dinero cobrado de las operaciones realizadas a través de estas páginas web. Esta obligación ha sido, cuanto menos, polémica para los propietarios de las pisos turísticos, pues el tratamiento de la información aportada a Hacienda podría atentar contra la protección de datos (pese a que toda información se trate bajo la legislación vigente).
Los pagos recibidos de los arrendatarios a los arrendadores se hacen a través de las plataformas de alquiler turístico. Esto significa que el control de Hacienda cuenta con una doble verificación: mientras que el propietario rinde cuentas con el fisco, las webs que funcionan como una agencia de acomodación o de paquetes de viajes también deben declarar sus ingresos a la Hacienda Tributaria. Si se encuentran discrepancias en este procedimiento, es probable que se produzcan inspecciones y, en su caso, sanciones.
Si me multan por alquilar mi piso en Airbnb, ¿qué debo hacer?
Alquilar una vivienda turísitica a través de plataformas como Airbnb y no declararlo a Hacienda podría traer consecuencias que irían desde un requerimiento de la Hacienda Tributaria instándole a poner al día sus declaraciones (con el correspondiente del inicio de un "procedimiento de gestión tributaria de control", conocido popularmente como inspección) hasta las correspondientes sanciones de porcentaje variable según las cantidades no declaradas. Si Hacienda califica el olvido del pago de los impuestos como leve, grave o muy grave, las multas a los propietarios podrían ser del 50%, del 100% o del 150% de las cantidades no declaradas.
No obstante, pueden surgir discrepancias entre el fisco y los propietarios de los pisos turísticos. Para garantizar el cumplimiento normativo y mantener al día las cuentas de las viviendas alquiladas con este fin es recomendable contar con el asesoramiento especializado de un equipo jurídico experto en alquiler vacacional. Martínez-Echevarría Abogados, Despacho líder de Derecho Inmobiliario, ha preparado un asesoramiento específico y adaptado a las necesidades de los propietarios de viviendas arrendadas en Andalucía con fines turísticos, para que puedan cumplir con la normativa vigente y eludir las elevadas sanciones previstas. Si está interesado en conocer más información, puede contactarnos en el teléfono gratuito 900 100 039, o bien, enviando una consulta a través del formulario.