Tras la huelga de taxistas convocada en contra de los vehículos de transporte con conductor (VTC, licencia utilizada por los conductores de servicios como Uber o Cabify) y las declaraciones del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la polémica alrededor de la profesionalización del sector sigue creciendo. Aunque la decisión de este magistrado no tiene por qué reflejar la futura decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha supuesto supuesto un jarro de agua fría para los directivos de Uber, la polémica plataforma que pone en contacto a conductores con viajeros para facilitar los desplazamientos y que ha sido la alternativa ideal a otros medios de transporte. Ahora, se discute si Uber debe ser considerada como una empresa de transporte y, por tanto, contar con conductores con las licencias necesarias para desarrollar dicha actividad.
La decisión sobre Uber del abogado general del TJUE, a espera de la sentencia definitiva
De la misma forma que todos los transportes regulados por los miembros de la Unión Europea exigen una serie de licencias a sus conductores, el abogado general del TJUE confirma la necesidad de regularización de la plataforma Uber. Tras la demanda interpuesta por el colectivo de taxistas de Barcelona contra UberSpain en 2014, la justicia española planteó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una serie de cuestiones prejudiciales sobre el funcionamiento de la plataforma: debido a que Uber pone en contacto a conductores no profesionales y a consumidores de transporte, se cuestionó la legalidad del servicio a nivel comunitario y las consecuencias de dicha prestación.
Sin embargo, esta afirmación no significa que la sentencia pueda seguir el mismo camino. Como ocurrió con el sonado caso de las cláusulas suelo, el abogado general confirmó su rechazo a que los consumidores pudieran recuperar lo pagado de más desde la firma del préstamo; mientras que la sentencia del TJUE de diciembre de 2016 se posicionó a favor de los afectados y en contra de la limitación en el tiempo. Por ello, estas declaraciones son solo parte del proceso y no pueden ser consideradas como conclusiones vinculantes. Ahora (según los medios especializados, alrededor de unos seis meses) a que el tribunal dicte sentencia.
La polémica de las licencias VTC, ¿todo vale?
Según el Ministerio de Fomento, en España hay unas 5.890 de VTC, o lo que es lo mismo, un vehículo de alquiler con conductor por cada 11 taxis. La problemática de estas licencias reside en la facilidad de obtenerlas: aunque los órganos autonómicos rechazaran la petición de adquisición realizada por el conductor, cuando la decisión se recurría al Tribunal Supremo obtenía la razón al existir un vacío legal. Sin embargo, tener una VTC no permite al conductor trabajar de la misma forma que un taxi: debe existir una solicitud previa de transporte, es decir, los vehículos de Uber y Cabify no pueden estacionar en una parada.
¿Qué licencias necesitarían los conductores de Uber?
Si finalmente el TJUE declara que Uber debe ser considerada como una empresa de transportes, los países en los que se preste el servicio de la plataforma deberá exigir a los conductores una serie de licencias necesarias para el desarrollo de dicha actividad. En el caso de España, los requisitos exigidos para los conductores profesionales que ofrecen un servicio público (por ejemplo, los taxistas) son las siguientes:
- Carné de conducir BTP: es un certificado más especializado que el B1, del cual se examinan los conductores particulaes. Para realizar este examen es necesario tener el carné B1, además de un año de experiencia en la conducción. El carné BTP se le exige a todos los conductores de transporte escolar, vehículos prioritarios en el servicio de urgencias (ambulancias, bomberos, policía, protección civil, etc) y a los dedicados al transporte público de viajeros (taxis).
- Examen realizado por el Ayuntamiento: además de contar con el carné BTP, cada municipio realiza una prueba de aptitud, la cual suele ser tipo test.
- Título ESO u equivalente.
- No padecer enfermedades infecto-contagiosas o cualquier impedimento físico que impida realizar la actividad profesional.
- No tener antecedentes penales.
