20/11/2026

Diez cambios laborales desde el 19 de noviembre

Real Decreto-ley 39/2026, de 17 de noviembre 

Pensemos en una empresa que va a contratar a alguien por ocho meses. Al preparar el contrato, recupera el modelo que viene utilizando -con el objeto de adaptar sus cláusulas- y vuelve a incluir un de período de prueba de dos meses. ¿Puede dar por buena esa cláusula porque es la de siempre? Conviene hacerse la pregunta antes de firmar. 

Para dar respuesta a tal pregunta debemos analizar el contenido del Real Decreto-ley 39/2026, de 17 de noviembre (RDL 39/2026), publicado en el BOE del 18 de noviembre -que completa la transposición de la Directiva (UE) 2019/1152, sobre condiciones laborales transparentes y previsibles, e incorpora la Directiva (UE) 2023/970, sobre igualdad y transparencia retributivas-. Y es que la respuesta cambia desde el día 19 de este mismo mes, en tanto que realiza una serie de modificaciones de la normativa hasta ahora vigente. La misma reforma que obliga, por ejemplo, a indicar el salario en las ofertas de empleo y a pagar las horas complementarias pactadas que la empresa decida cancelar. La duda es, si a la vista de las cercanas elecciones, será una norma llamada a permanecer o de carácter efímera. Vamos, en cualquier caso, a la vista de su entrada en vigor, a ver algunos de sus elementos más significativos (ni todos, ni de manera exhaustiva). 

1.- Cuánto puede durar el período de prueba

Hasta ahora, el art. 14.1 ET remitía a los límites del convenio colectivo y fijaba los plazos generales para cuando este guardara silencio. Para los contratos temporales del art. 15 ET de hasta seis meses regía un mes como máximo, salvo que el convenio dispusiera otra cosa.

Desde el 19 de noviembre, en términos generales, los límites legales son de seis meses para el personal técnico titulado y dos para las demás personas trabajadoras, o tres para estas últimas en empresas de menos de 25 personas. La contratación temporal tiene una regla específica. Si el contrato es de seis meses o más, el máximo ordinario es de un mes. En contratos más breves se reduce en proporción a su duración. Para un temporal de tres meses, por ejemplo, el máximo ordinario es medio mes de prueba.

Volvamos al ejemplo del contrato de ocho meses. Pactar dos meses de período de prueba exige que el propio convenio justifique el exceso por la naturaleza del empleo, el interés de la persona trabajadora o la necesidad de evaluar su idoneidad en caso de suspensión de la relación. Sin esa justificación específica del convenio (que hasta ahora no se exigía), no se pueden cambiar los plazos antes señalados. Y recuérdese que si la empresa alega que la persona no ha superado la prueba cuando el plazo válido ya ha vencido, la decisión puede impugnarse como despido. 

2.- Qué debe decir la oferta de empleo

Se ha introducido un nuevo apartado en el art. 5 de la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo (el apartado g), que obliga a indicar en la oferta la retribución inicial del puesto, fijada con criterios objetivos y neutros respecto del género, y el convenio aplicable. Un anuncio que diga "salario según convenio" deja sin identificar la cuantía inicial. Debe tenerse en cuenta que el art. 5.1 de la Directiva (UE) 2023/970 admite expresamente una banda salarial, y la ley española deja abierta la suficiencia de una horquilla como único dato. Si se quiere publicar un margen de negociación, conviene indicar también la cuantía de partida.

Pero, además, la empresa y quienes intervengan en la intermediación o colocación tienen, de una parte, prohibido preguntar por el salario actual o anterior de la persona candidata. De otra parte, los anuncios de vacantes y las denominaciones de los puestos deben ser neutros respecto del género y ofrecerse en formatos accesibles para personas con discapacidad. Y la igualdad de trato también debe garantizarse cuando la selección recurre a sistemas automáticos o algorítmicos.

3.- Qué información escrita se entrega al contratar

La nueva redacción del art. 8.5 ET elimina el requisito de que la relación dure más de cuatro semanas para dar la información que ya se consideraba como obligatoria por el Real Decreto 723/2026, de 9 de septiembre (RD 723/2026). En este sentido, cuando los elementos esenciales de la relación o sus cambios no figuren en el contrato escrito, la empresa debe comunicarlos por escrito a la persona trabajadora y a su representación legal. La información inicial se entrega a la persona contratada antes de iniciar la relación laboral. Si hay cambios, se informa a más tardar el día en que surtan efecto (art. 7 RD 723/2026).

Para las relaciones de duración inferior a cuatro semanas que sigan vigentes el día 19, la empresa dispone de diez días hábiles desde que recibe la solicitud de quien aún carezca de esa información (disposición transitoria segunda del RDL 39/2026).

4.- Qué ocurre si se cancelan horas complementarias

En el trabajo a tiempo parcial, la empresa debe comunicar el día y la hora de realización de las horas complementarias pactadas con al menos tres días de preaviso, salvo plazo inferior de convenio. El art. 12.5.d) ET reconoce expresamente el derecho a rechazarlas, sin consecuencias desfavorables, si falla la información o el preaviso. La novedad más concreta aparece cuando la empresa cancela todas o parte de las horas pactadas. Quien iba a realizarlas tiene derecho a cobrar las horas que se cancelen.

5.- En qué casos se puede limitar el trabajo para otra empresa

La regulación anterior giraba en torno a la concurrencia desleal y al pacto de plena dedicación. El art. 21.1 ET protege ahora expresamente el trabajo para otra empresa frente a prohibiciones, restricciones y tratos desfavorables. La incompatibilidad debe fundarse en una razón objetiva, como la seguridad, la confidencialidad empresarial, la integridad del servicio público o la prevención de conflictos de intereses. La plena dedicación puede pactarse mediante compensación económica.

6.- Cómo se pide una vacante y cuándo debe contestarse

Se introduce un nuevo art. 21 bis ET, que reúne y amplía los derechos relativos a las vacantes. Permite pedir el paso voluntario entre tiempo completo y parcial, una ampliación de jornada a tiempo parcial, la conversión de un contrato temporal -también formativo- en indefinido, incluido el fijo-discontinuo, o el paso de fijo-discontinuo a indefinido ordinario. Para solicitar otras vacantes que ofrezcan mayor estabilidad, duración o previsibilidad se exige una antigüedad mínima de seis meses.

La empresa debe informar de las vacantes a la plantilla y a su representación por un medio que asegure la recepción. Ha de examinar las solicitudes y contestar por escrito y de manera motivada en un mes como máximo, o en tres si la plantilla es de hasta diez personas. La transparencia en las ofertas y el derecho de transición se extienden al personal empleado público en los términos de su normativa específica (disposición adicional duodécima LE y disposición adicional trigésima ET).

7.- Qué puede preguntar una persona sobre su salario

El Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres (RD 902/2020), también ha sido objeto de modificaciones que nos sitúan ante el panorama que a continuación resumimos. 

En primer término, el art. 3.4 del obliga a mantener accesibles y actualizados para la plantilla y su representación los criterios que determinan retribuciones y niveles salariales. Desde 50 personas hay que informar también de los criterios de progresión salarial, si está prevista. Si los establece el convenio, cabe remitirse al precepto concreto. Si la empresa los fija o concede mejoras voluntarias, debe facilitar directamente esa información.

Además, debe señalarse lo siguiente:

  • Cabe solicitar y recibir por escrito la retribución propia y las medias por sexo de quienes hacen el mismo trabajo o uno de igual valor. 
  • La empresa debe informar anualmente de este derecho y contestar en un máximo de dos meses desde la primera solicitud. 
  • Si los datos son inexactos o incompletos, puede pedirse una aclaración, que exige respuesta motivada en quince días. 
  • El derecho puede ejercerse durante el año posterior al cese respecto del tiempo trabajado (art. 10 RD 902/2020). 
  • Cada persona puede comunicar su retribución para defender la igualdad salarial y son nulas las cláusulas contractuales que se lo impidan (art. 28.4 ET).

8.- Qué debe recoger el registro retributivo y quién puede verlo

En el mismo contexto, debemos recoger que el registro es obligatorio para todas las empresas. Las medias y medianas de las retribuciones efectivamente percibidas, desglosadas por sexo, se calculan también por hora de trabajo, junto al cómputo anual. Y el registro y sus documentos y datos de soporte se conservan durante cuatro años (art. 5 RD 902/2020). 

Para las empresas de 50 a 99 personas, una diferencia global entre los promedios de ambos sexos exige justificación en el registro desde el 25 %. En las de 100 o más, el umbral baja al 5 %. La justificación debe recoger motivos ajenos al sexo (art. 28.3 ET).

Recuérdese que la STS 620/2026, de 1 de julio, confirmó, bajo la regulación anterior, que el registro contiene datos agregados. Ahora, si un grupo tiene una sola persona y las cifras permiten deducir qué cobra, la representación legal puede acceder igualmente al contenido íntegro del registro, con las garantías de confidencialidad y protección de datos. El acceso de la plantilla al registro se limita a las diferencias porcentuales (art. 28.2 ET y arts. 5.3 y 15 RD 902/2020).

9.- Quién debe comunicar la brecha y en qué plazos

Las empresas de 50 personas o más deben comunicar a la Comisión para el seguimiento de la transparencia retributiva, previa consulta a la representación legal, las brechas medias y medianas, también en los complementos, la distribución por cuartiles y la brecha por grupos o puestos de igual valor, entre otros datos. El primer envío debe hacerse antes del 8 de junio de 2027 para las empresas de 150 personas o más, y antes del 8 de junio de 2031 para las de 50 a 149. La comunicación es anual desde 250 personas y trienal entre 50 y 249 (art. 11 y disposición transitoria segunda del RD 902/2020).

Por su parte, la auditoría retributiva que se incorpora al plan de igualdad debe examinar la información disponible de los últimos tres años. Si la auditoría o la información comunicada revela diferencias injustificadas, la empresa dispone de un máximo de seis meses para corregirlas. Las auditorías de planes ya vigentes se adaptan cuando proceda revisar el plan o cuando venza (arts. 8 y 11.6 RD 902/2020 y disposición transitoria primera del RDL 39/2026).

10.- Qué protección tiene quien reclama

Otra cuestión importante en el marco del refuerzo del principio de indemnidad es la ordenación legal en el ET, que recoge expresamente esta garantía de indemnidad y declara nulas las represalias por reclamar ante la empresa o por acudir a la vía administrativa o judicial. Protege el ejercicio de los derechos tanto directamente como por medio de la representación legal (arts. 4.2.h) y 17.1 ET). La disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del Derecho de Defensa (LODD), ya amparaba estos cauces. Y la jurisprudencia, tanto constitucional como ordinaria, ya había tenido ocasión de pronunciarse. De un lado, la STC 148/2025, de 9 de septiembre, protegió una reclamación canalizada a través del comité; de otro, la STS 562/2026, de 23 de junio, confirmó la nulidad de un despido al valorar la conversación en la que la trabajadora se opuso a trabajar en sábado y los seis días que mediaron hasta el cese.

A estos efectos, la acción por discriminación retributiva prescribe a los tres años desde que cesa la situación discriminatoria (art. 59.3 ET). Al aplicar este plazo habrá que atender al art. 21.1 de la Directiva (UE) 2023/970, que exige tener en cuenta cuándo se conoció o pudo razonablemente conocerse la infracción.

La reforma tipifica como graves, entre otros, los incumplimientos relativos a la información sobre vacantes, al registro retributivo y a la comunicación a la Comisión. Las represalias constituyen una infracción muy grave (arts. 7.11, 7.15, 7.16 y 8.12 bis LISOS). En la contratación pública, los pliegos han de prever penalidades y, en los supuestos graves tasados, cabe resolver el contrato. Así resulta de los arts. 201, 211.1.j) y 212.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).

Unas breves conclusiones a modo de síntesis

Hay decisiones que se toman al redactar un contrato y otras que se toman mucho después, al adjudicar una vacante o al asignar un complemento. La reforma obliga a saber qué criterio se aplica en cada caso y a poder explicarlo cuando corresponda. Conviene hacerlo en el momento de decidir. Si la explicación solo se busca cuando llega una reclamación, será más difícil reconstruir la decisión y, en su caso, corregirla a tiempo. Prevenir es mejor que curar…

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