El Juzgado de Primera Instancia número 18 de Málaga ha condenado al Banco Popular a abonar más de 58.000 euros, además los intereses legales, a un matrimonio británico afectado por la promotora Aifos que pagó dicha cantidad por una vivienda que nunca llegó a construirse.
El matrimonio firmó un contrato de compraventa con la promotora a comienzos del 2000 por una vivienda situada en el conjunto residencial Hacienda Casares. Desde el Despacho defendimos que la entidad bancaria, en este caso, Banco Popular, es el "responsable solidario de la promoción al ser el depositario o garante genérico de estas cantidades y no entregar ningún tipo de aval bancario individual que respaldara situaciones como las que finalmente se produjeron, como la no construcción ni entrega de estas viviendas".
Este caso no es aislado, pues dicha promoción de viviendas y otras tantas gestionadas por la misma promotora, cuentan con multitud de casos. Así, un centenar de familias presentaron en los juzgados una demanda contra a una veintena de bancos que recibieron el dinero que anticiparon a la promotora Aifos, actualmente en liquidación, para comprar sus viviendas. Se estima que un total de 3.000 personas puedan estar afectadas por situaciones similares.
Diario SUR se ha hecho eco de la noticia, la cual puede leerse completa aquí.
