Una de las preguntas que se plantea el empresario cuando valora la presentación de su concurso voluntario de acreedores es cuánto tiempo se tarda en resolver un concurso de acreedores.
La respuesta es muy clara: No se sabe. La duración del concurso de acreedores puede variar muchísimo, desde uno o dos meses hasta varios años. Todo dependerá del tipo de concurso de acreedores presentado, de la carga de trabajo del Juzgado de lo Mercantil que tramita el procedimiento, de la suficiencia o insuficiencia de masa activa para satisfacer créditos contra la masa, etc.
El concurso voluntario de acreedores (esto es, el presentado por el propio deudor), puede obedecer a una de estas dos motivaciones (incluso pueden ser las dos si, una vez intentada la primera, fracasa y solo es posible la segunda): tratar de lograr la continuidad a la empresa alcanzando un convenio con los acreedores; o, cerrar la empresa definitivamente, liquidando sus bienes y saldando, en la medida de lo posible, sus deudas con aquéllos.
Los concursos de acreedores que buscan su cierre y liquidación definitiva (que son la gran mayoría) tendrían en principio una duración más breve, sobre todo en el supuesto de falta de activo regulado en el artículo 176 bis de la Ley Concursal, en cuyo caso se podría acordar la conclusión del concurso (por insuficiencia de masa) en el mismo auto de declaración de concurso si el juez aprecia de manera evidente que el patrimonio del concursado no será presumiblemente suficiente para la satisfacción de los créditos contra la masa del procedimiento ni sea previsible el ejercicio de acción de reintegración, de impugnación o de responsabilidad de terceros, ni la calificación del concurso como culpable.
Por el contrario, los procedimientos concursales en los que existen bienes que han de ser objeto de liquidación, suelen ser procedimientos de una mayor duración en el tiempo (pudiendo alcanzar varios años, dependiendo de los casos).
En todo caso hay que mencionar que el deudor que acaba en concurso suele atravesar diversas fases o etapas y que suponen un desarrollo más o menos amplio de tiempo: una fase pre-concursal de negociaciones para intentar llegar a un acuerdo de refinanciación; la fase de declaración del concurso (fase común), que conlleva la declaración del concurso, la designación de la administración concursal que se encargará (entre otras cosas) de formar la masa pasiva (listado de créditos de acreedores, clasificándolos) y la masa activa del concurso (bienes y derechos del deudor); luego, en su caso, se abrirá la fase de convenio, que tiene como finalidad proponer (y alcanzar) un convenio entre el concursado y sus acreedores; fase de liquidación, que se da si, por el contrario, no se apertura la fase de convenio, o no se alcanza a un acuerdo en dicha fase, o se incumple el convenio aprobado; y la fase de calificación, en la que el concurso se califica como fortuito o culpable, y, en este segundo caso, se resuelven las responsabilidades de administradores -de hecho o de derecho-, liquidadores, apoderados e, incluso, socios, que con su conducta (dolosa o por culpa grave) hubieran generado o agravado la situación de insolvencia de la empresa, pudiendo imponérseles sanciones de inhabilitación y de condena al pago de (todo o parte) de las deudas que no hayan sido satisfechas por la empresa concursada.
José F. Alés.
Abogado del departamento de Derecho Mercantil de Martínez-Echevarría Abogados.
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