Administrative, Regulatory and Energy

The Public Law, Regulated Sectors and Energy department has professionals with proven experience and ability, who have provided services in the public sector – assisting public sector bodies, agencies and entities – as well as advising and defending leading companies in the energy, financial and construction sectors.

The department’s practice includes, among other professional services:

  • Legal assistance in the processing of administrative procedures (state liability, administrative sanctioning procedures, expropriations, subsidies and public aid).
  • Defence in proceedings before the Spanish National Markets and Competition Commission (and equivalent regional bodies), the Securities and Exchange Commission and the Bank of Spain.
  • Legal advice on the promotion, construction and transfer operations of electrical installations.
  • Public sector procurement: Legal advice on the drafting of specifications and contractual documentation, competition in tendering procedures, establishment and application of regulatory compliance measures, special appeals in contractual matters, challenging resolutions of the contractingauthorities and legal assistance during the enforcement phase (claiming amounts due from the contractor, enforcement of guarantees, imposition of penalties and termination of the contract).
  • Special properties: Assistance in the regulation of waters, coasts, ports, mountains, hydrocarbons, mines and livestock routes.
  • Environment and waste: Advice on regulatory compliance, assistance in procedures for the granting of administrative titles and appeals against sanctioning resolutions.
  • Personnel matters: Providing legal assistance and defence to civil servants and personnel in the service of public administrations.
  • Advice and assistance in regulation drafting procedures.
  • Legal defence in contentious-administrative proceedings before the contentious-administrative courts. Preparation and lodging of appeals in Cassation before the Supreme Court.

Defence in matters of fundamental rights: Filing of appeals for nullity of proceedings, lodging of appeals for legal protection before the Constitutional Court and drafting of applications before the European Court of Human Rights.

Notas Jurídicas

Desde la declaración del estado de alarma, pudiera ser que algunas disposiciones y actos administrativos afectaran a derechos fundamentales. El procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona previsto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, es una excepción en la interrupción de los plazos vigente en el estado de alarma.

Se trata de un proceso especial singularizado por cuatro datos distintivos: la innecesaridad de agotar la vía administrativa previa a la judicial; la reducción de los plazos preclusivos previstos en la ley para ejercitar la correspondiente acción; la mayor facilidad para obtener la adopción de medidas cautelares; y la existencia de un sistema de recursos más completo que el previsto para el proceso ordinario. Además, tiene una tramitación preferente.

Rafael Cabrera

En relación con la contratación pública, las medidas adoptadas como consecuencia del COVID-19 o por el Estado, las comunidades autónomas o la Administración local para combatirlo presentan una variada tipología que alcanza desde la suspensión de los contratos con derecho al abono de daños y perjuicios por los conceptos que expresamente se determinan, hasta la ampliación de plazos o de la prórroga en que se encontraran o el restablecimiento del equilibrio económico del contrato, medidas que serán de aplicación en función del tipo de contrato concertado y que exigirán la previa instancia o solicitud del contratista lo que le obligará a determinar con nitidez su pretensión y alcance a los efectos de poder obtener la más rápida respuesta en congruencia con lo solicitado.

Manuel Garrido

Por razón de la naturaleza de la subvención, la justificación, en tiempo y forma, del cumplimiento del fin para el que fue otorgada aparece como un elemento esencial. Para paliar la situación creada como consecuencia de la declaración del estado de alarma, se ha previsto para aquellas que ya hubieran sido otorgadas en el momento de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020 puedan ser modificadas para ampliar los plazos de ejecución de la actividad subvencionada y, en su caso, de justificación y comprobación de dicha ejecución, aunque no se hubiera contemplado en las correspondientes bases reguladoras. Esto habrá de hacerse a solicitud del órgano competente que en función de las circunstancias habrá de ponderar las que le afecten para articular adecuadamente su petición dada la trascendencia que tendrá a los efectos de evitar la concurrencia de una causa o motivo de incumplimiento de las condiciones de la subvención y correlativa obligación de reintegro.

Durante la vigencia del estado de alarma, la autoridad competente delegada (ministros de Defensa, Interior, Transportes y Sanidad) podrá dictar órdenes, resoluciones y disposiciones para garantizar la protección de personas, bienes y lugares, incluidas requisas temporales de bienes, prestaciones personales obligatorias e intervención de empresas o servicios; existiendo derecho de las personas físicas y jurídicas afectadas a ser indemnizados conforme a la normativa sobre Expropiación Forzosa y sujeto a un plazo de prescripción de un año.

Iñaki Marrodán