Criminal and Corporate Compliance

Martínez-Echevarría’s criminal law practice is formed by a group of specialised professionals supported by a multidisciplinary team, capable of offering an adequate response to the modern phenomenology of the criminal process that is known for its complexity, with an active presence in the process to achieve the best legal response. Only through solid training, extensive experience and individualised client care can we offer an effective response in the criminal process, which undoubtedly requires constant attention and due care.

Moreover, the reform of the Criminal Code through Organic Law 5/2010 entailed more serious and worrying consequences in criminal proceedings regarding legal entities, allowing the imposition of penalties to a company in which criminal behaviour may have occurred. In this context, developing crime prevention protocols inspired by the culture of corporate ethics takes on a predominant role, and is contemplated in the Criminal Code as a way of preventing the effects of criminal proceedings from being extended to commercial companies. Martínez-Echevarría has proven experience in how companies and businesses work and knows better than anyone how to care for these business needs.

Martínez-Echevarría’s criminal law practice is specialised in the treatment of criminal phenomenology of an economic and corporate nature, such as, among others:

• Money Laundering Crimes

• Crimes against the Public Treasury and Social Security fraud

• Asset stripping and punishable insolvency

• Crimes against town and urban planning

• Mismanagement, fraud and misappropriation

• Embezzlement of public funds, bribery and prevarication

• Market and consumer-related offences

Notas Jurídicas

Puede concurrir la circunstancia de que un trabajador, en régimen de suspensión del contrato de trabajo, sea hallado prestando servicios para la empresa que tramitó el ERTE en su momento.

En relación a un delito de fraude a la Seguridad Social, resulta razonable entender que no existiría tal fraude en caso de que el desempeño del trabajo del empleado afectado por ERTE obedezca a causas sobrevenidas a la tramitación del mismo.

Respecto de un delito de falsedad documental, no sería punible la conducta de redacción de documentos (memoria, declaraciones juradas etc.) que resultasen inveraces, aun cuando sean relevantes, o incluso esenciales, para la tramitación del expediente. Tal supuesto de irrelevancia penal no sería aplicable en el caso de documentos manipulados o creados simulando documentos auténticos.

Jorge Muñoz

Los efectos colaterales que la pandemia del COVID 19 está suscitando en la esfera económica son bien conocidos por todos, sobre todo en lo que afecta a la falta de liquidez. Se plantea si las cantidades recibidas en concepto de IVA repercutido para fines distintos de su ingreso en la Agencia Tributaria puede ocasionar, una vez superado el límite de los 120.000 € de cuota no abonada, la comisión de un delito fiscal.

Podemos asesorar en la controversia de si obligatoriamente los importes recibidos en concepto de IVA repercutido tienen como único destino el pago de impuestos o si es posible afrontar otros pagos de naturaleza empresarial con dichas sumas o, lo que es lo mismo, si hay algún tipo de prevalencia de las obligaciones fiscales respecto de otras obligaciones económicas de naturaleza diversa que sean necesarias para el mantenimiento de la actividad profesional o empresarial, y cuáles serían los criterios que sostendrían esta última posibilidad.

Manuel Alarcón